El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha subido en los últimos cinco años hasta en 62 ocasiones en aviones de Air Europa con origen o destino Caracas, República Dominicana y Miami (Estados Unidos), valorados en un total de 600.000 euros en un solo lustro, casi 700.000 dólares al cambio actual.
El confidencial señala en algunos de esos vuelos, Zapatero viajó con una secretaria o asistenta, y con agentes de la Policía Nacional, y el billete en primera clase para todos ellos ronda un valor medio de entre 2.400 y 2.800 euros por persona dependiendo de la época del año, lo que justifica el precio citado de los 31 viajes de Zapatero.
Desde Air Europa aseguran que Zapatero pagó todos los vuelos y que no tenía ninguna tarifa especial por ser expresidente del Gobierno, ni tampoco por su amistad personal con el presidente de la aerolínea y de Globalia, Pepe Hidalgo, quien nunca ha ocultado su estrecha relación con el líder socialista, al que ha invitado en varias ocasiones a visitar sus hoteles en Dominicana.
De hecho, Hidalgo quiso que Zapatero y José Bono, ministro de Defensa con el dirigente leonés, asistieran en 2024 a la inauguración del primer vuelo de Air Europa con el nuevo modelo de avión Boeing 787, que recorrió el trayecto Madrid-Salamanca demostrando la solvencia de la aerolínea de Globalia en un momento de zozobra.
Estos vuelos a Caracas, Dominicana, Miami y a otros destinos realizados por Zapatero y su equipo no los pagó el socialista, sino el Ministerio de Presidencia, ya que la seguridad y los desplazamientos de todos los expresidentes se coordinan desde Moncloa y son sufragados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque el fin del viaje tenga carácter privado.
El sumario del caso Koldo reveló que Air Europa habría utilizado distintos intermediarios para repatriar fondos retenidos en Venezuela, entre ellos, el empresario Víctor de Aldama. Zapatero fue otro de los que intentó rescatar los 200 millones de euros de la familia Hidalgo. A cambio, el clan estaba dispuestos a abonar una comisión de hasta el 40% (El comisionista de Air Europa sabe de pagos de Venezuela a Zapatero).
Como es sabido, el político ha sido uno de los pocos occidentales que han tenido una relación estrecha con el régimen de Nicolás Maduro, y se le vincula con una presunta trama de compra de petróleo gracias a su amistad con Delcy Rodríguez, la mano derecha del expresidente venezolano, ahora encarcelado en una prisión de EEUU, como viene revelando REPORTUR.co.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta al expresidente del Gobierno como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros».
Globalia ha remitido nueva documentación al Tribunal Supremo español en la que detallan que el Régimen de Venezuela debe 205 millones de dólares a Air Europa, respondiendo así a la petición de que detallara su relación comercial con el empresario Víctor de Aldama, socio de Soluciones de Gestión, empresa de venta de mascarillas vinculada a la trama Koldo.
Globalia hace referencia a un contrato firmado con el empresario para que este se pusiera en contacto con las autoridades venezolanas con el objetivo de reclamar la deuda, y explica que esta deuda se originó «como consecuencia de la imposibilidad de repatriar los fondos generados por la venta de billetes de avión en bolívares desde el año 2013, debido a las severas restricciones impuestas por los organismos de control cambiario en Venezuela».
Sobre el contrato firmado con Aldama, Globalia, propiedad de Pepe Hidalgo y participada por Iberia, especifica que se trata de un «contrato de mediación y gestión» que tenía como objetivo «repatriar el dinero que Air Europa tenía y tiene retenido en Venezuela desde el año 2013, como viene revelando REPORTUR.co (Globalia exime a Begoña Gómez de comisiones pese a más testimonios).
Aldama ya intermedió con miembros del Gobierno español para que Air Europa lograse un rescate estatal en la pandemia, y además, sus relaciones con Venezuela le habrían llevado a obtener un sobre de la petrolera venezolana PDVSA que contendrían pruebas de la financiación ilegal del Partido Socialista y de la Internacional Socialista, que también preside Pedro Sánchez.
Según declaró Aldama en sede judicial, este sobre le fue entregado por la ahora presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, que Aldama entregó la pasada semana el mencionado sobre al magistrado Ismael Moreno, que investiga los pagos en efectivo del PSOE.
Víctor de Aldama, asimismo, se reunió con la esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, en varias ocasiones durante 2020 en la sede de Globalia junto al entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, en unas fechas que admite que Aldama ya ejercía como “representante institucional” de la aerolínea, que acabó rescatada por el Gobierno con 475 millones de dinero público.
El Gobierno de México confirmó la separación del cargo de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) presuntamente involucrados en actos de corrupción, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a un agente solicitando dinero a connacionales que ingresaban al país desde Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el material audiovisual llegó a sus manos la semana pasada, lo que derivó en una respuesta inmediata por parte de su administración. Señaló que instruyó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y al INM a revisar el caso, lo que permitió identificar a los presuntos responsables y separarlos de sus funciones, además de iniciar el proceso de investigación correspondiente.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre en la oficina migratoria internacional “Puerta México”, ubicada en Matamoros, Tamaulipas. Sheinbaum declaró que su gobierno trabaja en la creación de un esquema integral para atender todos los reportes de corrupción en instituciones públicas, con el fin de actuar de manera inmediata ante cualquier denuncia.
Asimismo, destacó que el video muestra claramente el momento en que un integrante del INM solicita dinero, lo que permitió tomar cartas en el asunto sin dilación. Recordó que, días antes, el propio Instituto había puesto a disposición de los paisanos líneas telefónicas para denunciar extorsión, abuso de autoridad y maltrato durante su estancia en el país.
En un comunicado oficial, el INM indicó que los funcionarios habrían incurrido en actos irregulares durante el desempeño de sus funciones, cuya naturaleza sigue bajo revisión por la autoridad competente. Además, precisó que las denuncias ya fueron canalizadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, fincar responsabilidades administrativas o penales.
Como lo informó REPORTUR.mx, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, junto al titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón, supervisó la estación migratoria de Cancún para garantizar el trato digno de los turistas ante el aumento que tendrán por el Mundial de Fútbol 2026. (Cancún: Lezama revisa migración para garantizar trato a turistas).
Nada más conocerse que Acciona había sido designada como adjudicataria de la construcción del aeropuerto de Pedernales, un medio de comunicación de RD puso en tela de juicio a la empresa española.
Las informaciones negativas que sobre Acciona publicaron en ese medio, llamó poderosamente la atención en el mundo de la aviación y el turismo porque apenas si se aportaban datos acerca de la dudosa credibilidad de la constructora.
Solo se hacía referencia a problemas de Acciona en un par de países latinoamericanos y recogía una información sin mayor trascendencia de un diario digital español acreditado como es El Confidencial, que ha destapado grandes escándalos.
Pero el medio dominicano, Panorama, de corta existencia, se quedó corto en sus informaciones sobre la multinacional de la familia Entrecanales, muy por debajo de lo que luego ha venido saliendo a la luz pública.
Porque la eficaz UCO, un departamento de la Guardia Civil muy respetado y temido en España, ha descubierto una vinculación estrecha de Acciona con la corrupción de la cúpula del Gobierno socialista.
A raíz de esas investigaciones sobre Santos Cerdán, quien ejerció hasta hace unos meses como mano derecha del presidente Sánchez, han sido imputados por la justicia tres altos directivos de la multinacional por connivencia con los corruptos.
La prestigiada UCO, que no se casa con nadie—ni PSOE ni PP se libran de sus pesquisas—ha aportado un material muy dañino para Acciona y la ha puesto en el centro de la diana a pesar de la gran presión que ejerce sobre los medios españoles.
Acciona, un grupo que además de la construcción está presente en otras actividades económicas—también sobresale en la aviación— operará a partir de ahora con la duda sobre su credibilidad.
En República Dominicana no ha sido nunca objeto de dudoso comportamiento, pero el historial de comisiones a lo largo de los años, según las investigaciones, la ha colocado en el disparadero: su reputación ha quedado muy mermada.
El secretario general de Paradores sigue envuelto en la polémica. No hay día que su nombre no aparezca en los medios. Ahora es el diario El Mundo el que acaba de sacar a la luz su participación como “colocador” de Cerdán en la comitiva de cargos gubernamentales que acompañaron a Ábalos y Koldo a Marruecos cuando el político valenciano ejercía de ministro de Fomento (El 2 de Paradores acompañó a Ábalos y Jéssica en sus viajes top).
El subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, ha publicado los correos de Ricardo Mar haciendo de nexo de Cerdán y Ábalos en el polémico viaje a Marruecos. El 2 de Paradores viajó con ambos tras pedir Santos Cerdán su presencia en una visita de Estado y de negocios. También se desplazó una de las novias del ministro, Jéssica (La cueva de Paradores: da igual, igual da).
Ricardo Mar no está imputado ni ha sido señalado por la UCO como miembro de la trama del caso Ábalos y compañía, pero asistió a numerosas reuniones de negocios con el ministro y Aldama tanto en España como en el extranjero. Estaba, pues, al tanto de los contactos de su jefe y el comisionista con oscuros personajes.
Por su cargo, jefe de gabinete de Ábalos en Fomento, Mar estuvo presente en la reunión de Oaxaca en la que se auscultaron negocios con los mexicanos y en otros destinos además de Marruecos. El hoy número 2 de Paradores vivió de cerca los viajes de Ábalos con Jéssica. También conoce las movidas habidas en el parador de Sigüenza.
Ricardo Mar fue ubicado en Paradores como segundo de Raquel Sánchez, quien curiosamente sustituyó a Ábalos en Fomento. Ni Mar ni Sánchez tienen la más mínima idea de turismo, pero están al frente de la red de alojamientos del Estado. Mar vale mucho tanto por lo que sabe como por lo que calla, más que RS. Y del cargo no hay investigación periodística que lo mueva.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves 6 de noviembre en Madrid al empresario Álvaro Romillo por orden del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El arresto se produce después de que Romillo admitiese haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez.
El magistrado investiga a Romillo por una presunta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest. La causa, cuyo secreto de sumario se ha levantado este mismo jueves, aprecia posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal.
La detención se ha precipitado tras informes recientes de la UCO y la Agencia Tributaria que apuntan a la existencia de una cuenta bancaria en Singapur vinculada al empresario con 29 millones de euros. El juez considera que este hallazgo eleva el riesgo de fuga de Romillo.
El perjuicio denunciado por las acusaciones supera los 11 millones de euros, pero podría rebasar los 300 millones, con un número de afectados que ronda los 30.000. Romillo será puesto a disposición judicial este viernes, donde ya estaba citado a declarar.
Como había publicado nuestro medio, Cryptospain, conocido por su largo prontuario de estafas en el ámbito financiero, llegó a playas dominicanas. En concreto, operó desde el pasado mes marzo el apartotel de Globalia, ubicado en Bávaro, en la zona denominada El Cortecito. El principal impulsor del supuesto club, Álvaro Romillo, experto en elusión fiscal, negoció directamente con el presidente del grupo turístico español las condiciones del acuerdo.
Se recuerda que el apartotel de los Hidalgo, de unas 150 suites y situado en primera línea de playa, está siendo remodelado profundamente por los propulsores de Cryptospain, dado el lamentable estado de abandono en el que se encontraba desde hace varias temporadas. (Apartotel de Globalia en Bávaro, en manos de timador Cryptospain).
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística de México, acusado de delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra. El exfuncionario contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procesos penales distintos y de su inasistencia a siete audiencias judiciales entre 2021 y 2025.
Simón Levy, quien se desempeñó como subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo federal (Sectur) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfrentó diversas controversias a lo largo de los últimos años. Su nombre cobró notoriedad pública tras su renuncia en 2019, cuando acusó diferencias internas y desacuerdos con el entonces titular de la dependencia, Miguel Torruco Marqués.
En redes sociales, el exfuncionario solía mantener una postura abiertamente crítica hacia las decisiones económicas, diplomáticas y de seguridad del actual gobierno federal, pese a haber sido uno de sus defensores más visibles en los inicios de la administración.
Levy enfrenta acusaciones que podrían derivar en penas de prisión por desacato judicial y obstrucción de la justicia, en un caso que vuelve a colocar bajo los reflectores a uno de los personajes más controvertidos del entorno político surgido de la 4T.
La Fiscalía informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar los trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan el traslado del exfuncionario y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Como lo informó REPORTUR.mx, en 2020 el ex subsecretario de turismo Simón Levy reveló detalles que lo obligaron a renunciar al cargo en abril del año pasado. A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario confirmó en su momento que se negó a participar en la mentira del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués de querer enviarlo a unas oficinas inexistentes en Chetumal. (Ex subsecretario de turismo acusa a Torruco por una mentira).
El comisionista de Air Europa y Globalia, Víctor de Aldama guarda pruebas irrefutables que demostrarían cómo el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido pagos millonarios de la petrolera pública venezolana PDVSA.
Estos documentos, según The Objective, parecen ser la clave para destapar una red de corrupción que, según algunas fuentes, podría conectar a altos funcionarios del gobierno español con actores internacionales (Querella contra la presidenta del parlamento español por mentir sobre una reunión con Hidalgo).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una «trama milmillonaria» consistente en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro.
Según empresarios conocedores del entramado, «el petróleo de Venezuela venía a España» por la puerta de atrás, «a través de República Dominicana –donde Aldama acompañó en un vuelo privado a Zapatero– como país de origen», como recogió REPORTUR.co (El comisionista de Air Europa llevó a Zapatero en jet desde Caracas).
Esto permitía refinar el crudo en Dominicana, habida cuenta de que el Merey venezolano tiene un alto contenido en azufre y una elevada densidad y no se puede comercializar en la Unión Europea hasta que no se adapte a los estándares de calidad comunitarios.
En un informe de la UCO de octubre, los mensajes intercambiados entre la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Aldama mostraban su estrecha relación, de igual modo a las que mantenía con el exembajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, con la vicepresidenta de Maduro, y ya investigado por percibir fondos de PDVSA.
El comisionista de Air Europapara lograr su rescate público en 2020, Víctor de Aldama, ha conmocionado y zarandeado este miércoles la gobernación de España, al irrumpir sorpresivamente en el momento de mayor expectación en el país en bastante tiempo, y proferir de modo público una amenaza sin precedentes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
«El presidente se va a enterar», ha declarado Víctor de Aldama, al término de una masiva rueda de prensa de la hasta este martes militante del PSOE Leire Díaz, tras ser descubierta con pruebas en sus intentos para desprestigiar a la Guardia Civil por estar destapando indicios de corrupción del líder del Gobierno (Air Europa: aportan a los jueces 69 ‘hitos’ para investigar su rescate).
También este miércoles ante el Tribunal Supremo, la empresaria Leonor González Pano, ex novia de Aldama, ha asegurado en 2020 el entonces asesor de Air Europa fue quien le dijo en 2020 que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, mano derecha del presidente Sánchez, había cobrado 500.000 euros por el rescate de la aerolínea de Globalia.
El impacto de esta cadena de informaciones que lleva más de una semana protagonizando la vida pública en España, además, se ha acentuado al conocerse las mayores grietas internas en siete años dentro el aparato que sostiene al jefe del Ejecutivo español, tanto en su partido como en su grupo editorial más afín.
Así, su gran opositor en el PSOE y a la vez líder regional de más poder, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha pedido adelantar elecciones, mientras el Grupo Prisa, editor de El País, ha destituido a su directora Pepa Bueno, por su incondicional respaldo a Sánchez (Air Europa: nuevas denuncias de todo tipo contra sus dueños).
De su lado, el Partido Popular (PP) ya había presentado un documento ante el Tribunal Supremo con la cronología de los 69 hechos clave del rescate de Air Europa, y trasladando que aún no se conocen todas las actas sobre el proceso, abriendo así la puerta a que se investiguen los pormenores de la negociación.
La cronología de reuniones, llamadas y movimientos comienza en en enero de 2019 con el acto de presentación de Wakalua, la filial de Globalia que estuvo vinculado en el Instituto de Empresa al Africa Center que dirigió Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como reveló REPORTUR.us (Vídeo – Air Europa: testifican que Pepe Hidalgo dio una bolsa con dinero a un ministro).
Precisamente, este martes, el presidente de Globalia, Pepe Hidalgo, acudió a una corrida de toros en Aranjuez, en la que coincidió con la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, quien le evadió con frialdad ante las polémicas e investigaciones en torno a la mayor ayuda estatal de la historia de España de la que se benefició Air Europa durante la pandemia.
Las autoridades vienen demostrando una distinta vara de medir con Uber y con Airbnb. Y parecen hacerlo en contra del interés general, a costa de favorecer a una minoría.
Mientras la plataforma de transporte aumentaría la oferta y la calidad para el consumidor medio, el trasvase de vivienda residencial hacia su uso turístico ha dificultado el acceso a una casa ante su obvio encarecimiento, y ha colapsado algunos destinos, además de haber perturbado la convivencia vecinal, e ir degradando las identidades locales.
Pues ante ello, los gobernantes han venido demostrándose implacables para poner todas las trabas a Uber, y a la vez, tremendamente asustadizos para poner coto al desmadre con el alquiler vacacional.
Los políticos parecen temer el verse en la diana de agresivos colectivos como los del taxi, o como los de las asociaciones de propietarios de casas para viajeros, que, conscientes de ello, acostumbran a un lenguaje más intimidatorio que ningún otro lobby.
Por mucho que las autoridades de todos los distintos estamentos prometan acotar a Airbnb, en la práctica no se acaba haciendo prácticamente nada, salvo en Nueva York, donde la ciudad ha dado un vuelco en su equilibrio gracias a ello.
Lo que para defender a Airbnb es "democratizar" el turismo, para Uber no es válido, puesto que se ve que no "democratiza" el transporte, aún siendo este aspecto una de las grandes carencias en los principales destinos, en especial tras dispararse el alquiler vacacional, precisamente.
Valientes contra Uber y cagados contra Airbnb, cuyo argumento definitivo es que quien se oponga a su profusión es porque defiende al lobby hotelero, sin concebir que, además de eso ser cierto, también es poco discutible que para el bien común trae más beneficios contener la inflación disparada de la vivienda, la mayor aportación al empleo y su estabilidad, la fiscalidad, la convivencia o el equilibrio en el uso de las infraestructuras.
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) hicieron importantes inversiones inmobiliarias y turísticas en el Caribe más VIP: un hotel en el casco amurallado de Cartagena y villas en Casa de Campo. Se trata del exviceministro Javier Alvarado, su pareja, Cecirée Casanova, y un tercer y misterioso socio, José Luis Zabala. Desde una empresa de este último en Luxemburgo se puede seguir el rastro del dinero.
Aunque el aparte venezolano -más de 2.000 millones de dólares sustraídos de la estatal petrolera Pdvsa- del caso de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA) no muestre mayores avances en la justicia del pequeño principado pirenaico, eso no quiere decir que hayan dejado de aparecer nuevos indicios y pistas al respecto.
Una pregunta clave y que permanece sin resolver es el destino de muchos de esos fondos masivos. Pero ahora algunos documentos incluidos en el proyecto OpenLux –la base de datos con 3,3 millones de entradas del registro mercantil de Luxemburgo que logró obtener el diario Le Monde de París, y que coordinó el Proyecto de Reportería de la Corrupción y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglés)– arrojan luz para una respuesta posible, aunque tan solo sea parcial.
Los documentos muestran que el exviceministro de Desarrollo Eléctrico venezolano -división del Ministerio de Petróleo y Energía- y expresidente de Bariven -la filial de Pdvsa a cargo de sus compras internacionales-, Javier Alvarado Ochoa, y su pareja, Cecirée Carolina Casanova Rangel, invirtieron millones de dólares en propiedades de lujo en el Caribe, incluyendo la compra de un hotel de cinco estrellas en la ciudad costera colombiana de Cartagena, y de tres villas en un exclusivo resort en República Dominicana.
El tercer protagonista de la operación es un misterioso intermediario, también venezolano, de nombre José Luis Zabala.
José Luis Zabala, señalado en Andorra como parte de la trama corrupta que esquilmó a Pdvsa, registró la empresa Sirena International en Luxemburgo
La querella interpuesta por los fiscales de Andorra alega que, entre 2006 y 2016, un complicado esquema que incluía a ejecutivos de Pdvsa y allegados sustrajo miles de millones de dólares mediante contratos ficticios, sobreprecios y cobro de comisiones desproporcionadas. Los fondos se canalizaban a través de la BPA y fueron a dar a cuentas a nombre de hasta 30 individuos.
Alvarado Ochoa es uno de los personajes principales en el elenco de la causa. No está claro qué destino tuvo todo el dinero que pasó por sus cuentas en BPA. Sí, en cambio, que esas cuentas recibieron al menos 32,7 millones de dólares, según lo que el expediente documenta.
Casanova, Zabala y Alvarado estaban siendo discretamente investigados por las autoridades y justicias de Estados Unidos, España y Andorra en el momento de las compras. Pero sus perfiles se hicieron públicos en 2015, cuando un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a BPA de blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela, China, Rusia y España, lo que inmediatamente supuso su cierre. Luego, al finalizar las investigaciones, las autoridades andorranas presentaron una demanda contra BPA en 2018, cuando iniciaron un juicio que se encuentra prácticamente congelado.
"Los acusados han contratado a los mayores bufetes de abogados, a los mayores peritos, y por eso no ha avanzado tan rápido como quisiéramos", dijo Zair Mundaray, un exfiscal venezolano con conocimiento del caso. El caso es delicado, porque podría "exponer a funcionarios de la propia Andorra, y eso dificulta mucho la transparencia", añadió Mundaray, que huyó de Venezuela a finales de 2017 y ahora vive en Colombia.
Tour de la corrupción
El Hotel-Boutique Anandá se encuentra en el casco antiguo de la ciudad vieja de Cartagena de Indias, proclamado patrimonio de la humanidad por la Unesco, con sus coloridos edificios en el departamento de Bolívar, sobre la costa norte de Colombia. Los visitantes pueden tumbarse en un jacuzzi en la terraza, con vistas a las fortificaciones coloniales españolas y al azul del mar Caribe. Distribuidas en la estructura de una mansión del siglo XVI, las 23 habitaciones del Anandá se rentan por una tarifa de hasta 272 dólares por noche.
Los huéspedes, que de nuevo vuelven a copar sus habitaciones tras la pandemia de coronavirus, probablemente no saben que parte de lo que pagan podría ir a parar a las arcas de las élites venezolanas señaladas por corrupción.
El Anandá es propiedad de Inversiones Calle del Cuartel S.A, una sucursal colombiana de una empresa panameña homónima; ambas llevan el nombre de la calle donde se encuentra el hotel. Los registros panameños muestran que una empresa luxemburguesa llamada Sirena International S.A. se hizo con la mayoría de las acciones de Inversiones Calle del Cuartel en 2015, que en ese momento tenían un valor de más de 2,1 millones de dólares.
Sirena International, de José Luis Zabala, se hizo con la mayoría de acciones de Inversiones Calle del Cuartel, dueña del Hotel Anandá.
José Luis Zabala ocupaba cargos en estas dos sociedades offshore. Los registros en la base de datos OpenLux construida por el Occrp y Le Monde muestran que él y su hermana, Ninoska, son copropietarios de Sirena International desde 2013.
Zabala, junto a la novia de Javier Alvarado, Cecirée Casanova, también formaron parte del consejo de administración de Inversiones Calle del Cuartel hasta noviembre de 2020.
Los documentos descubiertos sugieren que podrían haber estado canalizando fondos para Alvarado.
Los fiscales estadounidenses sostienen que el exviceministro, Javier Alvarado, fue uno de los principales conspiradores en un esquema que adjudicó cerca de 1.000 millones de dólares en contratos de energía a empresas a cambio de sobornos. La acusación, presentada en 2019, dice que Alvarado disfrazó los pagos utilizando préstamos falsos, y una red de empresas e intermediarios.
Alvarado, quien fue presidente de la nacionalizada Electricidad de Caracas (EDC) en 2007, pasó a ser presidente de la Corporación Eléctrica Nacional de Caracas (Corpoelec) en 2008, creada ese año por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. En esta se fundieron las empresas regionales de electricidad de Venezuela y, por decreto, se convirtió en una filial de Pdvsa, lo que puso a Alvarado muy cerca de quienes tomaban las grandes decisiones sobre contratos en materia eléctrica y petrolera. Cecirée Casanova Rangel trabajaba como gerente de Recursos Humanos en EDC.
En 2008, con Alvarado al frente, Corpoelec contrató a la consultora energética venezolana Asincro, a la que posteriormente pagó un total de 23 millones de dólares para gestionar un proyecto de generación de energía. Si bien Asincro no es nombrada en las causas judiciales, Armando.info y Occrp encontraron vínculos entre esa empresa y el hotel Anandá, que plantean interrogantes sobre si la transferencia de las acciones del hotel pudo estar relacionada con estos contratos.
Por un lado, varios altos ejecutivos de Asincro -los venezolanos Hans Carlos Hermann, Ignacio Villegas Grelis y Gustavo Ramón Sol López- eran copropietarios del Anandá desde 2007. Las actas de una junta directiva de 2016 de la empresa hermana de Inversiones Calle del Cuartel en Colombia, a la que asistió Casanova, también muestran que tenía su sede en el mismo edificio de Bogotá que la oficina de Asincro.
Sol López, quien luego terminaría siendo gerente general de la venezolana Monómeros -filial de Pequiven con sede en Barranquilla- confirmó a Armando.info que trabajó en Asincro durante 12 años, así como la presencia de Casanova y Zabala como parte de Inversiones Calle del Cuartel. Señaló que él no los conocía y que habrían sido sus colegas, Hermann y Villegas, quienes los invitaron a participar.
Armando.info y Occrp contactaron a Herrmann y Villegas a través de los correos electrónicos de Asincro y sus teléfonos personales solicitando entrevistas para esclarecer estos detalles, sin recibir respuesta.
Se trata de unas coincidencias que a Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en antilavado de dinero, le llamaron la atención, por lo cual dijo que el "inusual" montaje debe ser investigado. "Casanova y su socio Alvarado tenían cargos importantes en la industria energética", dijo. "Es posible que hayan utilizado su influencia para dar los contratos a cambio de formar parte de los otros negocios en Panamá. Esto debe ser analizado e investigado por las autoridades".
El interés de Alvarado y Casanova en el hotel Anandá fue reportado por primera vez por el diario El País de España. Pero el papel de Zabala como director de la empresa luxemburguesa que se hizo con la mayoría de la propiedad no había sido revelado con anterioridad, como tampoco los detalles sobre cómo funcionó el traspaso de las acciones del hotel ni la participación de los ejecutivos de Asincro.
Casanova, Zabala y Alvarado no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas semanas antes de la publicación de este reportaje.
Desembarco dominicano
Descrito por la revista Condé Nast Traveler como un "paraíso para millonarios" en la costa sureste de la isla de La Española, el complejo turístico Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, es el lugar donde los ricos y famosos van a ver y dejarse ver. Cerrado y destinado a una exclusiva clientela, cuenta con un campo de polo, tres campos de golf, un puerto deportivo, varias playas de arena blanca e incluso un anfiteatro con capacidad para 5.000 personas. Hay cientos de villas y mansiones repartidas por las 2.800 hectáreas de la urbanización de lujo, y Cecirée Casanova es propietaria de tres de ellas a través de otras tantas empresas en Panamá, de las que es directora.
Dos de las propiedades fueron adquiridas en 2017 por un total de un millón de dólares. Uno de esos inmuebles, una mansión de 2.600 metros cuadrados con siete dormitorios, piscina y jacuzzi, se anuncia a los turistas para alquilarlo por 2.500 dólares al día.
Cuatro años antes, en 2013, Casanova había comprado una villa de 1.374 metros cuadrados por 651.000 dólares. Los registros mercantiles panameños muestran que utilizó tres firmas incorporadas en ese país para comprar las propiedades: Biamar Worldwide, Las Cañas 39 Inc. y Barranca Este 21 Inc.
El origen de la riqueza de Casanova no está claro. En su ficha individual en línea del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparece con un último empleo en la EDC. La misma ficha acredita que el último sueldo de Casanova fue de “cero” bolívares; quizás se trate de una imprecisión debida a la compulsiva supresión de ceros a la moneda venezolana.
Su historia la completa la investigación en Andorra. Según comprobaron los fiscales del principado, tras ese último trabajo en Venezuela, Casanova se marchó a vivir en Madrid, donde aseguraba a la hora de abrir cuentas bancarias, “que es ingeniera mecánica y que sus ingresos provienen de su actividad en el campo de la ingeniería, ocultando su condición de funcionaria pública”.
Los fiscales andorranos exponen que Casanova recibió más de 250.000 dólares en fondos sospechosos entre 2010 y 2011, que se canalizaron a través de empresas ficticias. Estos incluyen un pago de 50.000 dólares que su empresa panameña Left Zeppelin recibió en 2011 de Josland Investments, una empresa representada por otro exviceministro de Electricidad venezolano, Nervis Villalobos, un nombre ya frecuente en las reseñas periodísticas y documentos judiciales de España y Estados Unidos. Los registros de los fiscales andorranos también muestran un pago de otros 50.000 dólares y casi 16.600 dólares a su firma por parte de la empresa panameña de José Luis Zabala, Greentrail International.
Ese mismo año, una empresa panameña de Javier Alvarado, Lairholt Finance Limited, empezó a recibir un total de ocho millones de dólares de Josland Investments. El análisis de los documentos de la fiscalía andorrana muestra que al menos 32,7 millones de dólares pasaron por cuentas de BPA asociadas a Alvarado.
Esos pagos -y muchos otros- fueron supuestamente facilitados desde Panamá por BPA Serveis, el departamento de captación de clientes del banco en el continente americano. Los fiscales dicen que BPA ayudó a las élites venezolanas a crear una "estructura corporativa offshore sin otro propósito que la ocultación".
"Las zonas exclusivas de la República Dominicana son un paraíso, como Venezuela en muchos sentidos", dijo Rebolledo, el experto venezolano sobre lavado de dinero. "Este tipo de propiedades de alto valor suelen venderse con toda la estructura: empresas en Luxemburgo, Panamá o en otro paraíso fiscal que enmascaran al verdadero dueño beneficiario. Compran toda la estructura, transfieren las acciones y el dinero se transfiere por separado".
Cuentas pendientes
Hasta ahora, Alvarado, Casanova y Zabala están libres. Lo que no significa que no enfrenten retos judiciales.
A Casanova le tienen cargos tanto en Andorra como en España, donde los fiscales la acusan de crear una empresa que recibió sobornos por valor de 870.000 dólares de Duro Felguera, un grupo empresarial español que obtuvo contratos de Pdvsa para la construcción de una central termoeléctrica.
Por su parte, el exviceministro Javier Alvarado, pareja de Casanova, enfrenta también cargos en Andorra y en España. Tanto Estados Unidos como Venezuela han solicitado su extradición para que se enfrente a imputaciones también en esos países, pero hasta ahora ha conseguido permanecer en España, de donde también tiene la nacionalidad y donde se especula que incluso cambió el orden de sus apellidos, de Javier Alvarado Ochoa a Javier Ochoa Alvarado. Según versiones de prensa, Alvarado colabora ahora con la justicia española.
Del trío, Zabala resulta el personaje más misterioso. Rara vez se le menciona en los informes públicos, pero los fiscales andorranos afirman que desempeñaba el papel de intermediario, y lo han relacionado con varios otros miembros de la red de soborno y blanqueo de dinero. Uno de los sospechosos es Omar Farías Luces, empresario del sector asegurador, que supuestamente hizo su fortuna comprando contratos de Pdvsa y de otras instituciones estatales. Las empresas a su nombre en España comparten domicilio social con firmas relacionadas con Casanova y Alvarado.
Los fiscales dicen que Farías transfirió más de tres millones de dólares a Greentrail International, de Zabala. Los dos juntos comparten sociedad en una empresa llamada Navia Net C.A., inscrita en 2011 en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela junto con otras empresas también mencionadas en la investigación de Andorra, como IBS Sociedad de Corretaje de Reaseguros.
Aunque Andorra ha emitido una orden de detención internacional contra Zabala por blanqueo de capitales, esta no ha tenido efecto y se desconoce su paradero. Su rastro de papel y en las redes es muy escaso, y aunque se envió una solicitud de contacto al correo electrónico de su hermana, Ninoska Zabala, esta nunca fue respondida.
Con todos estos cabos, conocidos pero sueltos, el exfiscal Mundaray espera que el caso de Andorra vuelva a su cauce para que los detalles de la trama de corrupción sean expuestos al público. "Es un tema muy importante, por el relato histórico y el derecho a la verdad", dijo en un correo electrónico. "Las víctimas, que son todos los venezolanos, tienen derecho a saber qué pasó con nuestra capital".
Este reportaje fue hecho con la colaboración de Sol Lauría y Adolfo Berríos, de Concolón /Panamá) y Daniel Salazar, del Investigative Dashboard de Occrp.
Una jefa de cabina, que hace más de 20 años que trabaja para American Airlines, fue detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al encontrar lingotes de oro, relojes y joyas de contrabando entres sus pertenencias
Se trata de Laura Diana de 58 años, quien fue descubierta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, durante los controles preventivos que se realizaron a los pasajeros próximos a embarcar el vuelo 900 de American Airlines con destino a la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Cuando la mujer uniformada como tripulante de la empresa aerocomercial colocó sus pertenencias en la cinta de la máquina de rayos X, los policías aeroportuarios observaron elementos extraños y le consultaron sobre el contenido del equipaje. Ella contestó que se trataba de sus ahorros que iba a guardar en la caja de seguridad de un amigo.
Por orden judicial, los efectivos requisaron sus valijas y hallaron, cuidadosamente escondidos en diversos compartimentos, 2.204 gramos de oro; u$s11.413,33; $19.377; COL$292.000; y monedas antiguas de valor numismático. También encontraron joyas, entre ellas, tres relojes importados de alta gama y antiguos; cinco anillos; un prendedor; cuatro pulseras; un brazalete; y dos collares, varios de los cuales habían sido pintados de negro para disimular su material.
La azafata fue procesada sin prisión preventiva por el delito de intento de contrabando. Además, la modalidad de ocultamiento que utilizó para evitar los controles condice con situaciones de lavado de activos. Se encuentra sin prisión preventiva ya que los delitos que podrían llevarla a la cárcel por más de tres años son al mismo tiempo excarcelables.
Muchos se quejan del tremendo lastre que significa la corrupción, y lo poco que esta nos permite avanzar como país. Muchos somos quienes nos lamentamos a diario de vivir en un país corrupto, pero la pregunta es ¿Qué hacemos para erradicarla?, muchos la señalan a diario, empezando por el Presidente de la República, pero la mayoría la tolera, empezando también por el Presidente.
Todos conocemos a un corrupto, desde el que se roba la electricidad, el que soborna agentes de tránsito, el que gana licitaciones de manera relativamente “fácil”; hasta el funcionario que extorsiona, entre otras formas cotidianas de corrupción, el problema es que se tolera; no se señala al corrupto, se le perdona, se convive con él y mucho menos se denuncia. Vivimos en una sociedad en donde la corrupción es sistémica.
Es por ello, que, en Ciudadanos por la Transparencia, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, de la cuál me honra ser parte activa, nuestra Misión es Construir una Sociedad con CERO tolerancia a la corrupción y trabajamos en ello desde diversas trincheras. Somos un colectivo de empresarios, ciudadanos y académicos que sin percibir ingresos de ningún tipo, conformamos un Consejo Consultivo y uno Directivo y que apoyados por un equipo de mujeres profesionales en la materia, tratamos de incidir por una parte, en las agendas públicas y por otra en el fomento de la participación ciudadana para crear programas anticorrupción y proponer esquemas de Gobierno Abierto, tareas nada fáciles de acometer, y en las que hemos cumplido ya diez años como Organización debidamente constituida.
Ante ello, me permito proponer a mis ocho lectores, cinco formas de apoyarnos, pero al mismo tiempo de contribuir a lograr nuestra Visión, que Quintana Roo sea el mejor lugar para vivir en el 2030.
1.- CERO TOLERANCIA.
Lo primero es no tolerar a los corruptos y denunciarlos. La cero tolerancia comienza en casa, educando a nuestros hijos y nietos para no contribuir con estas prácticas. La formación en valores, se aprende en casa no en la escuela.
La cero tolerancia implica denunciar a los funcionarios corruptos, a los intentos de soborno y extorsión, pero también implica no participar de ninguna manera en el juego.
2.- Participar como Ciudadano.
Es necesario ejercer como ciudadanos. Participar en comités, recabar firmas para que nos reparen una avenida, asistir a sesiones de cabildo y atestiguar lo que ahí se discute y se aprueba, es actuar ejerciendo nuestros derechos y ejercer presión sobre aquellas practicas de gobierno o de funcionarios que nos atañen y nos afectan; no hacerlo es ser cómplice.
Personalmente recabé más de tres mil firmas para exigir la remodelación del Blvd. Colosio, puerta de entrada a Cancún y hubo quienes no firmaron por “temor” … totalmente incomprensible.
Si no participas, ¡Eres cómplice!
3.- Ser Embajadores.
Ya en el terreno de nuestra organización, Ciudadanos por la Transparencia, te proponemos ser un embajador de nuestra causa. Si no nos conoces búscanos en las redes sociales, o escríbeme y te comparto nuestros materiales. Invito a los empresarios y ciudadanos comprometidos a ser EMBAJADORES de nuestro movimiento.
4.- Participa Activamente con nosotros.
Aún tenemos cabida y necesitamos manos activas y mentes pensantes y comprometidas para llevar a cabo la gran cantidad de tareas que nos permitan cumplir la Misión y alcanzar la Visión.
5.- Aportando Recursos Económicos.
La mayor parte de nuestro presupuesto se destina a la remuneración del equipo técnico conformado por mujeres muy profesionales, todas con Maestría, que dedican su tiempo al diseño de estrategias anticorrupción y a incidir de manera profesional y muy organizada en las agendas públicas. Gracias a ello hemos logrado que USAID, Agencia del Gobierno de los Estados Unidos se fije en nosotros y estén dispuestos a apoyar nuestra causa.
No recibimos recursos de gobiernos mexicanos de ninguna forma y somos absolutamente apartidistas.
A la vista de lo expuesto, requerimos de benefactores y donantes, quienes, con sus aportaciones, totalmente deducibles de impuestos, contribuyan al logro de nuestros objetivos.
Ahí están pues querido lector, lectora, las formas de sumarse para luchar contra la corrupción.
Señalar, criticar y denunciar en Facebook, ayuda, pero no es lo único, se requiere mucho más.
