Tras el anuncio por parte del Ministerio de Hacienda y Economía anunciara un aumento de US$10 dólares a la contribución de salida que pagan ciudadanos dominicanos, residentes y extranjeros al abandonar el país, surgió la interrogante de por qué se sigue cobrando US$10 dólares por concepto de tarjeta de turista a los dominicanos si hace cuatro años se ordenó su eliminación.
Aunque existe un mandato legal para que no se les cobre a los quisqueyanos, el cargo de 10 dólares todavía se aplica de manera automática en los boletos aéreos, por lo que los viajeros dominicanos y los residentes extranjeros deben solicitar el reembolso a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Con la Resolución 217-2022 se dispuso que los dominicanos dejen de asumir el costo de la tarjeta de turista. Sin embargo, la implementación plena de esa disposición permanece paralizada debido a limitaciones tecnológicas en los sistemas de cobro de las aerolíneas.
Buscando suspender la eliminación del cobro de la tasa en los pasajes, en el 2023 las aerolíneas Jetblue Airways Corporation, Compañía Panameña de Aviación (Copa), Air Transat, Aerovías de México, (Aeroméxico), Delta Air Lines, United Airlines, Sky Airline Perú, Air Canadá, Air Europa Líneas Aéreas, American Airlines, Air France y Aerolíneas Argentinas presentaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, siendo rechazado.
En ese mismo año, los ciudadanos Manuel Féliz y Germán Ramírez, presentaron una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la Norma 08-2018 de la DGII, que regula el mecanismo mediante el cual dominicanos, residentes y funcionarios diplomáticos extranjeros pueden solicitar el reembolso de la tarjeta de turista.
El Tribunal Constitucional concluyó que los dominicanos no pueden ser considerados turistas en su propio país y, por tanto, no deben pagar ese tributo. No obstante, decidió diferir los efectos de la sentencia por un período de dos años para permitir que las instituciones competentes adapten los sistemas de cobro.
Según la Junta de Aviación Civil (JAC), la ejecución de la decisión «corresponde al Congreso Nacional y a la DGII», ya que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen jerarquía superior a las disposiciones administrativas emitidas por ese organismo.
Aunque el TC dictó su sentencia el pasado 27 de diciembre de 2023, el plazo de dos años comenzó a contar el 18 de mayo de 2026, a partir de la notificación al director de la DGII, Porfirio Urrutía, y a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, según Diario Libre.
A partir de esa fecha y durante dos años, la DGII debe desarrollar una solución técnica que evite el cobro automático a los dominicanos, mientras que el Congreso Nacional tiene la facultad de realizar los ajustes legislativos que resulten necesarios.
Si al vencimiento del plazo no se implementan los cambios, la sentencia entrará en vigor automáticamente. En ese escenario, cualquier cobro realizado a ciudadanos dominicanos podría considerarse contrario a la Constitución y susceptible de acciones legales, incluyendo recursos de amparo y reclamaciones por incumplimiento de sentencia.
El TC reconoció que existe una imposibilidad tecnológica para que las aerolíneas identifiquen de forma automática la nacionalidad de los pasajeros cuando adquieren boletos en el extranjero y, de esa manera, excluyan a los dominicanos del cobro.
Ante esa realidad, eliminar de inmediato el mecanismo de reembolso pudo generar un problema mayor. Los ciudadanos tendrían que pagar el monto debido a los sistemas automáticos de facturación, pero perderían la vía legal para recuperar ese dinero.
Por esa razón, el tribunal permitió que el esquema actual de «cobrar primero y reembolsar después» continúe en funcionamiento mientras el Estado realiza las adecuaciones necesarias.
Aumento por propuesta de Plan Anticrisis
La discusión sobre la tarjeta de turista cobra relevancia tras el reciente aumento a US$30 dólares de la contribución de salida como parte de las diferentes medidas aprobadas por el Gobierno para combatir la crisis económica.
Bajo ese esquema, la tarjeta de turista y otros cargos se integrarían en una estructura tributaria más sencilla. El reciente incremento de la contribución de salida afectaría a los viajeros dominicanos solo por ese nuevo cargo y no modifica el derecho que tienen a recuperar el monto que corresponde al permiso del viajero.
Según el ministro Magín Díaz, el alza de los 10 dólares a la tasa de salida «aportaría entre 7,000 millones y 8,000 millones de pesos, de los más de 40,000 millones que el Gobierno contempla el plan de las autoridades».
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Collado explicó que cualquier tema relacionado con impuestos corresponde al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que el interés de Mitur se centra en establecer un registro que permita conocer cuántos alojamientos operan bajo esa modalidad, dónde están ubicados y quiénes se hospedan en ellos.
