La política autonómica tiende a controlarlo todo. Prácticamente no queda ninguna organización social que no sea de forma más o menos encubierta un satélite de alguno de los partidos políticos dominantes. No hay iniciativa social que no quede desnaturalizada por la intromisión, en clave electoral, de los políticos (Baleares: firmado el convenio de hostelería con aumento del 8,3 en 2 años).
El último episodio tiene lugar en Baleares y afecta al turismo: la negociación del convenio colectivo entre la patronal de la hostelería y los sindicatos se ha llevado a cabo por primera vez con la presencia de políticos del Gobierno de turno (en este caso socialista), que incluso han hecho público los comunicados con el principio de acuerdo al que llegaron las partes.
¿Pero qué hacen los políticos ahí? Las partes que negocian un convenio son autónomas, deberían serlo, y negociar por su cuenta.
Por supuesto, esto lo saben los sindicatos y las patronales, pero los dos viven del dinero que directa o indirectamente reparten las instituciones, sea para estudios, sea para sedes, sea para cursos… Financiación, en definitiva, de cuya transparencia mejor no hablar.
Esta vez ha sido Comisiones Obreras quien ha dicho lo evidente: se ha instrumentalizado esta negociación con fines electorales. Lo dice así de claro. Y es que es así de claro.
En estas están los sindicatos y, sobre todo, la patronal de hoteleros de Baleares, sumisa ante la presencia en la mesa de quienes nunca deberían haberse metido en uno de los escasos ámbitos en los que las partes deberían ser plenamente autónomas.
Esta vez ha sido Comisiones Obreras quien ha dicho lo evidente: se ha instrumentalizado esta negociación con fines electorales. Lo dice así de claro. Y es que es así de claro
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