La palabra "legislar" del titular puede (debe) ser cambiada perfectamente por "ordenar", para que se entienda el sentido. Porque hacer una norma legal equivale a ordenar. A ordenar a los demás. Es lo que los legisladores hicieron durante el Covid con profusión: "Hagan esto", "Dejen de hacer lo otro", "Cierren", "Usen". Si no, sanciones. En pandemia, más o menos debimos entenderlo porque se supone que era para nuestro bien, pero fuera de la pandemia las cosas son más difíciles de tragar. Y en algunos casos, imposible.
La imposición a las agencias de viajes de la obligación de informar con todo detalle de las operaciones y transacciones es muy simple: se redacta, se publica y al que no cumpla, palo. O sea, sanción. El Boletín Oficial lo aguanta todo. Pero a nadie parece importarle los problemas que se genera en la operativa de las agencias, a cambio de nada. ¿Por qué tienen las agencias que asumir esta obligación, sin contraprestación alguna? ¿Por qué ellas han de cumplir una función que no es suya? (Denuncian a España por obligar a las agencias a comunicar los datos a Interior)
En otros casos, uno podría decir que pedir una compensación por la obligación impuesto sería abusivo, pero en el caso de las agencias, que están en un momento económico casi imposible, es muy lógico que uno se pregunte por qué se ha de hacer todo gratis. Cuando cada minuto de empleado cuenta, cuando los márgenes son irrisorios, es normal que los agentes de viajes estén incómodos.
Legislar desde un despacho, repartiendo las obligaciones a los demás, ordenando que hagan esto o aquello, imponiendo tareas cuyo incumplimiento es sancionable es un abuso de autoridad. El Estado no puede ignorar la situación de las agencias ni desconocer que en muchos casos su dimensión y la cualificación de los recursos humanos disponibles les lleva a que está imposición sea un verdadero lastre.
Está bien que el Estado se haya impuesto a sí mismo mil obligaciones con diversos colectivos, pero las agencias no deberían ser tratadas como si no fueran parte del país, dignas de que su voz sea escuchada.
Está bien que el Estado se haya impuesto a sí mismo mil obligaciones con diversos colectivos, pero las agencias no deberían ser tratadas como si no fueran parte del país, dignas de que su voz sea escuchada.
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