Sus detractores consideran que mientras no se pueda imponer la obligatoriedad de la vacuna, tampoco se podrá exigir el certificado
A mediados de marzo la Comisión Europea propuso la creación del ‘certificado verde digital’ destinado a proporcionar a los ciudadanos de la UE una documentación que pudiera probar que el portador ha sido vacunado o ha pasado la enfermedad y ha creado suficientes anticuerpos como para resistir una nueva infección. Han pasado ya seis meses desde entonces y el mal llamado ‘pasaporte Covid’, que debía haber ayudado a que las vacaciones de este verano hubieran sido prácticamente normales en términos de viajes dentro de la Unión Europea, sigue sin alcanzar una aplicación generalizada. Además en muchos de los países donde se ha intentado implantar para regular el acceso a determinados recintos, ha acabado creando graves problemas para las autoridades.
Sus partidarios afirman que aún es pronto para evaluarlo, puesto que no ha entrado en vigor en todos los países, mientras que otros opinan que si no se puede imponer la obligatoriedad de la vacunación es también imposible hacerlo con el uso del certificado europeo, como han sentenciado los tribunales en España.
«El certificado digital es un instrumento muy importante que ha contribuido a restablecer la movilidad» que era el principal objetivo de la Comisión cuando lo propuso a los países miembros, asegura Stefan de Keersmaecker, portavoz para asuntos sanitarios. Bruselas no lo considera una herramienta aislada sino que el ejecutivo comunitario lo ha contemplado siempre como un recurso «combinado con las medidas de salud pública» como la vacunación, y en general sus responsables lo consideran «un buen recurso» para luchar contra los efectos de la pandemia. Para el ejecutivo comunitario, la parte más importante a la hora de diseñar este certificado fue la de garantizar la privacidad de los datos del portador, para evitar que autoridades de otros países pudieran recopilar informaciones personales sin que el usuario fuera advertido, y por lo demás dejó al criterio de cada gobierno nacional la fórmula concreta para usarlo. Eso explica que su aplicación haya resultado tan desigual y que haya servido con más eficacia para estimular el atractivo de las vacunas entre los escépticos.
Para comprobar hasta qué punto el uso de este certificado es complejo, a la Comisión le bastaría con salir a la capital europea. En la ciudad de Bruselas está previsto que el pase sanitario sea obligatorio a partir del 1 de octubre de para mayores de 16 años que quieran entrar en bares, restaurantes y discotecas y otros sectores de actividad como eventos masivos, visitas a hospitales y residencias de ancianos. La razón por la que se ha introducido es porque este verano en la ciudad se ha producido un aumento significativo de los ingresos hospitalarios que aún no se ha logrado contener, pero en el resto de Bélgica no será necesario. El resultado es que no todos están de acuerdo. Los teatros están divididos y los empresarios de la hostelería han reclamado que al menos las reglas sean iguales para el conjunto del país, pero el Gobierno federal responde que en las regiones de Flandes y Valonia es mucho mayor la proporción de vacunados y no sería necesario.
Para el epidemiólogo Mario Gilbert, que formaba parte del equipo de asesores del Gobierno al inicio de la pandemia, el caso del pase europeo «es totalmente paradójico. Por un lado, se fomenta la vacunación insistiendo en que es un acto solidario, para protegerse unos a otros. Luego, lo primero que hacemos es dividir a la sociedad en dos, entre los que tienen la vacuna (y pueden hacer varias cosas) y los que no. Y la solidaridad se va volando. Yo, también, a veces me pongo de los nervios con los argumentos de los antivacunas, pero hay que respetar a las personas y sus miedos».
Francia es probablemente el país donde esta ambivalencia se ha demostrado más intensamente. Mientras los expertos elogiaban la determinación del presidente Emmanuel Macron para implantar la obligatoriedad de su uso para poder entrar en bares y restaurantes, cada fin de semana se repiten las manifestaciones multitudinarias de protesta de los que están en contra de la medida. Y sin embargo, la prensa internacional está llena de elogios hacia la «valentía» del presidente francés, que ha anunciado esta semana que extenderá la exigencia de este certificado a los mayores de 12 años.
El principal resultado indirecto de esta política está siendo precisamente el aumento de la proporción de personas vacunadas de modo que el 88% de la población francesa en edad de vacunarse ha recibido al menos una dosis. En Dinamarca ha sucedido algo parecido, pero más rápidamente: el gobierno danés fue el primero en utilizar el certificado Covid para poder entrar en bares y otros establecimientos y ha sido también el primero en abandonar esta medida porque el nivel de vacunación en el país está muy cerca de alcanzar a la totalidad de la población. En Italia, el primer país que sufrió la pandemia, el «pasaporte sanitario» se ha convertido en la herramienta más eficiente para contener la propagación del virus y es apoyada por la mayoría de la población.
Sus partidarios afirman que aún es pronto para evaluarlo, puesto que no ha entrado en vigor en todos los países, mientras que otros opinan que si no se puede imponer la obligatoriedad de la vacunación es también imposible hacerlo con el uso del certificado europeo, como han sentenciado los tribunales en España.
ResponderEliminar