La flexibilización de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei, tendrá un día clave este jueves cuando se debata en el Senado de la Nación, en medio de un intenso reclamo del sector turístico por el riesgo de extranjerización de áreas naturales protegidas y zonas cordilleranas. La reforma, que elimina restricciones a capitales internacionales en zonas de frontera y cuencas hídricas, encendió las alarmas de cámaras empresariales y autoridades provinciales.
Desde el ámbito especializado advierten que la medida amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos y altera el desarrollo sustentable de los principales destinos de naturaleza. El rechazo es especialmente crítico en provincias con fuerte impronta turística como Río Negro, Neuquén y Chubut, donde municipios cordilleranos como Bariloche y El Bolsón encabezan los reclamos por el antecedente de conflictos territoriales en espejos de agua estratégicos como el Lago Escondido.
La preocupación central radica en la pérdida de acceso público a ríos, lagos y pasos de montaña que sostienen el turismo de aventura en la Patagonia, Cuyo y el Noroeste. La compra masiva de hectáreas en valles codiciados genera un peligro directo de privatización de senderos de trekking y accesos a costas, provocando además especulación inmobiliaria que desplaza a los pequeños prestadores locales.
Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa en la Cámara Alta como una herramienta para atraer inversiones extranjeras y dinamizar la infraestructura de lujo, los referentes de la industria insisten en que la falta de regulación pone en jaque la identidad de los destinos. El sector privado exige que el Senado preserve las zonas de valor escénico prioritario para garantizar un desarrollo federal inclusivo.
Como informó REPORTUR.us, la Patagonia argentina es uno de los destinos codiciados por las grandes cadenas hoteleras como Meliá. (Meliá rubrica su potencia latina con proyectos en Bariloche y RD).
