Nuevas pistas surgen en el sonado caso Koldo. La unidad de operación de la Guardia Civil española (UCO), planea ahora un viaje en secreto a República Dominicana
Los agentes tienen en el punto de mira una sociedad donde, según las pesquisas, se encuentran las comisiones ilegales que la red desvió de los contratos públicos de la compra de material sanitario durante el coronavirus.
En paralelo, el magistrado Ismael Moreno, encargado del caso, avanza para imputar a José Luis Ábalos después de que los investigadores hayan concluido que el exministro fue «responsable directo» de las adjudicaciones que nutrieron a la trama, según recoge la prensa española.
El listado de personas que están bajo la lupa de la Guardia Civil forman parte del entorno más próximo de Aldama. En concreto, el foco está puesto sobre Ignacio Díaz Tapia, Jorge Brizuela y Luis Gerardo Huiza Castellanos, los tres socios del cabecilla de la red. El primero de ellos, tal y como reveló El Debate cuando estalló el caso, está vinculado al mismo tiempo al segundo nombre, Jorge Brizuela, un empresario venezolano que está en el punto de mira del FBI y la DEA y que está acusado de ser uno de los testaferros del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la UCO, los dos viajaban de manera habitual en jet privado acompañados de Aldama. Por su parte, Huiza, también venezolano, era el encargado de abonar los gastos de la trama cada vez que alguno de sus miembros viajaba a Venezuela.
Los investigadores acreditaron hace varios meses que una empleada de Brizuela se dedicaba a llevar a Madrid «cientos de fajos de billetes de dólares que acababan siendo repartidos entre los miembros de la trama». Brizuela, alias El Venezolano, se reunió con Ábalos en un breve encuentro que ambos mantuvieron durante el desarrollo de la feria de Fitur en Madrid en el año 2020, tal y como acreditan varias fotografías que publicó El Debate. Las fuerzas de seguridad americana siguen el rastro de este empresario porque figura como enlace de la mafia rumana.
También se le vincula con actividades de terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Además está siendo investigado por «facilitar la llegada de venezolanos vinculados al presidente Nicolás Maduro para vacaciones, estancias cortas o largas, lo mismo que recursos para ser blanqueados» y por blanquear altas sumas de dinero en Puerto Rico en nombre de empresarios próximos a Maduro y a su entorno.
Los informes de la UCO de los últimos días han concluido que Ábalos tuvo un papel imprescindible para que la trama se nutriera de contratos públicos durante la pandemia. Los investigadores describen la figura del exministro como «responsable directo».
Pese a los indicios que han entregado a Su Señoría, Ábalos continúa negando haber tenido nunca conocimiento de la actividad criminal que investiga la Audiencia Nacional. El nombre del exministro aparece en un centenar de ocasiones durante los tres temas que analizan los agentes: las mordidas en los contratos, el rescate de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa y la polémica visita de madrugada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Fuentes judiciales explican que la imputación de Ábalos es «cuestión de muy poco tiempo». La Fiscalía anticorrupción tiene pensado solicitar al juez Moreno que remita al Tribunal Supremo los hallazgos que la UCO enumera en sus informes. Los agentes sostienen que el exministro contaba con «un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal dinamizada por este último».
La Guardia Civil también ha aportado pruebas sobre pagos de la trama a su pareja para hacer frente al alquiler de un piso de lujo de 160 metros cuadrados ubicado en la Plaza de España de Madrid.
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