La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no poner más trabas y acelerar la aprobación de por lo menos 100 proyectos de inversión en Quintana Roo, detenidos debido a trámites ambientales.
Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente regional de la asociación, dijo que cada vez hay más trabas en el Estado y puso como ejemplo a Yucatán, donde se aprueban nueve proyectos contra uno en Quintana Roo, afectando con ello las construcciones que se tienen contempladas.
“Ingresamos la Manifestación de Impacto Ambiental en Quintana Roo y vemos que solo nos autorizan una minoría, por ello estamos pidiendo piso parejo para seguir consolidando la inversión, sobre todo al ser un destino líder y con mayor atracción”, destacó Lemus.
Dijo que esto ocurre en todo tipo de proyectos. Incluso en la avenida Huayacán de Cancún se están solicitando estudios técnicos justificativos, pese a ser una zona ya impactada. Consideró que este requisito no existía anteriormente, por lo que el sector pide no poner más trabas a las inversiones.
Comentó que los procesos administrativos de impacto ambiental tardan más de dos años. Es decir, que un inversionista debe contemplar más de ocho meses sólo para el trámite de estudios técnicos justificados, por ejemplo. Señaló Lemus que hay mucho interés por el desarrollo en el destino, pero los atrasos y requisitos de la Semarnat pueden frenar estos proyectos. “Esperamos que pronto tengamos una respuesta ante la solicitud ya que hicimos, para que se agilicen todos los proyectos que están trabados y que son fuentes de empleo y mayor derrama económica”, concluyó el presidente de la AMPI regional.
Como reveló REPORTUR.mx, el año pasado Lemus criticó a los ambientalistas que lograron un amparo judicial contra el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Benito Juárez, a quienes acusó de buscar un protagonismo y frenar el crecimiento de la ciudad (Cancún: profesionales inmobiliarios cuestionan intereses ocultos de ambientalistas)
Comentó que los procesos administrativos de impacto ambiental tardan más de dos años
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