La compañía aérea advierte estar siendo utilizada como instrumento por parte de “determinados partidos políticos y medios de comunicación”.
La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas anuncia que apelará ante la Audiencia Provincial el auto, emitido este viernes por el Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid, por el que se desestima el recurso presentado por la compañía en el que ésta advertía a la juez de que se había agotado el plazo de instrucción de un año que establece la ley, y que carecía de fundamento para continuar con el proceso. Por tanto, tanto la declaración del representante legal de Plus Ultra como cualquier otra diligencia o prueba posterior que se solicite a partir de esa fecha sería nula y carecería de poder probatorio, ha comunicado la aerolínea en nota de prensa.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado también han avisado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos de que, de practicarse, esta comparecencia sería nula, ya que se acordó semanas después de que el plazo de instrucción de la causa finalizase -el pasado 8 de abril- sin que se decretase la prórroga que obliga el artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La aerolínea considera que las diligencias realizadas hasta hoy no han aportado elemento alguno que pruebe que la empresa no cumpliera con los requisitos exigidos para recibir el préstamo de la SEPI y, por ello, para la aerolínea la causa debería de archivarse a la mayor brevedad. Una posición que también han defendido en los últimos días la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Plus Ultra Líneas Aéreas considera que, con la apertura de estas diligencias fuera de plazo, se prolonga injustamente el enorme daño que se está haciendo a la reputación de la compañía, a sus accionistas y a sus empleados al utilizarse instrumentalmente esta causa judicial por parte de determinados partidos políticos y medios de comunicación para intentar hacer daño a sus rivales políticos, sin importarles la posible pérdida de los puestos de trabajo de los más de 430 profesionales que trabajan directamente en la aerolínea en España ni de los más de 2.500 puestos indirectos que genera.
La aerolínea considera que las diligencias realizadas hasta hoy no han aportado elemento alguno que pruebe que la empresa no cumpliera con los requisitos
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