Para el defensor de derechos humanos y biólogo Alejandro Álvarez en el país hay una ausencia total de estrategias para mitigar los efectos del cambio climático. Además, señala que existe una política gubernamental de ocultamiento de información de interés público en los asuntos ambientales.
Caracas. Defensores de derechos humanos y especialistas en temas ambientales conversaron en el Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, para advertir sobre la importancia de que países como Venezuela adopten el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
El licenciado en biología, doctor en Ciencias mención Ecología y activista ambiental, Alejandro Álvarez, señaló que el seguimiento a la situación de Venezuela en últimos 10 años revela que existe “un deterioro ambiental cada vez más progresivo”.
“La crisis ambiental se evidencia en dos grandes problemas: lo pudimos medir por el número de personas afectadas y el tamaño del territorio afectado. Entre 82 % y 96 % de toda la población de Venezuela está afectada por esta crisis, en algunos hogares el agua no llega ni de manera regular, ni su calidad es adecuada para el uso humano”, explica Álvarez.
El académico sostiene que la crisis relacionada con el agua se inició en el año 2014. “Entonces el gobierno habló de que había la sequía más grande ocurrida en Venezuela y desde ese momento hay algunos sitios con situación extrema, donde llega agua solo una vez o dos veces al mes y hay zonas donde no llega nunca”, dijo durante el foro regional -Venezuela: Acuerdo de Escazú ya- organizado por Odevida y Provea, entre otros.
Lo preocupante para los defensores de derechos humanos es que hay una política gubernamental de ocultar información pública, que impide saber si la nación se encuentra en la misma situación de sequía de 2014 o si hubo algún avance o alguna acción para mitigar o proteger a la población.
El acceso a la información es justamente una de las consideraciones del Acuerdo de Escazú, que hasta ahora ha sido ratificado por 12 países de la región y que fue creado en marzo de 2018, como una vía para darle carácter legal y jurídico a los temas ambientales.
En Venezuela, el investigador Alejandro Álvarez, señala que también hay daños ambientales provocados por la minería al sur del Orinoco, que no es poca cosa, pues esta región representa más del 40 % del territorio nacional.
“A partir del año 2000 la minería fue expandiéndose cada vez más hasta ocupar todo el espacio y en este momento está produciendo daños ambientales graves, sin contar con otros daños sociales, culturales y humanos, así como violaciones de DD. HH. y la violencia que se ha impuesto en esa zona”.
A partir del año 2000 la minería fue expandiéndose cada vez más hasta ocupar todo el espacio y en este momento está produciendo daños ambientales graves
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