Como un colapso económico y turístico calificó el diputado a la Asamblea Nacional y Secretario General de La Causa R, Américo De Grazia, la situación en Santa Elena de Uairén tras dieciséis días de cierre del aeropuerto internacional por parte de etnia pemón, quienes reclaman el cumplimiento de acuerdos establecidos con el Gobierno, tras el usufructo de sus tierras para edificar la terminal aérea. La situación afecta más de 47 mil habitantes del poblado.
“La protesta de las comunidades indígenas pemones tiene en el colapso total la economía lugareña tanto en materia turística y comercial. Ya comienza a sentirse la crisis, no hay dinero para operar en los bancos pues los servicios de suministro financiero llegan por vía aérea a las entidades bancarias, que a la fecha ya se ven estranguladas” alertó.
Asimismo, informó sobre severas restricciones que padecen ciudadanos provenientes de Brasil, quienes realizan compras en Santa Elena de Uairén y que son impedidos por funcionarios castrenses. “Los brasileños son amenazados, extorsionados y acusados de contrabando por funcionarios militares. Esto implica una merma en el mercado y en el comercio local, cuyos principales proveedores vienen del país vecino” afirmó.
De Grazia exigió al alcalde del Municipio Gran Sabana, Manuel Vallés, al gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez y al presiente Nicolás Maduro, atender las demandas de las comunidades indígenas, quienes esperan desde hace siete años el cumplimiento de ofertas gubernamentales por la enajenación de sus tierras. “Después de 16 días de protesta, no ha habido pronunciamiento o acercamiento alguno, menos ha habido ningún tipo de autoridad que dé la cara por el oficialismo y los indígenas amenazan con seguir tomando servicios” alertó y apuntó que los Medios de Comunicación de la zona no transmiten información sobre el conflicto.
Asimismo, informó que el pasado viernes los indígenas de la etnia Kayanutá tomaron el servicio de relleno sanitario del Municipio, ubicado en las cercanías del Río Kukenán, a 15 minutos de Santa Elena de Uairén y advierten con ejecutar el cierre de la troncal diez. “Los pemones se ven en la obligación de tomar acciones para hacer respetar sus derechos y buscar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno” concluyó
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