Este lunes, Boeing aceptó públicamente su condición de culpable en la acusación que le había formulado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La misma justicia que, cuando cayeron los dos aviones 737Max, no llevó a juicio al fabricante exigiéndole a cambio una serie de medidas de control de calidad muy serias, a lo cual se comprometió. Ahora, tras la pérdida de la portezuela del avión de Alaska Airlines, el pasado 5 de enero, acusa a Boeing de incumplir su compromiso. Y Boeing acepta que es verdad (Boeing, culpable de fraude criminal por el ‘caso 737Max’).
¿Qué supone esta aceptación?
En primer lugar, un juicio público, con todos los trapos al sol y la prensa ventilando el desastre. Con esta aceptación, se evita el juicio.
En segundo lugar, pone en claro que la compañía no es fiable, lo cual puede tener coste en reputación.
Tercero, los costes financieros. Como ya se ha dicho, de partida supone pagar 243 millones de dólares de multa. Pero hay muchos más costes derivados de lo siguiente.
Cuarto, controles externos. Boeing ahora deberá pagar a un controlador externo que supervise sus prácticas industriales, lo cual implica tiempo, complicaciones, interferencias y un cambio potencial de muchos procedimientos interiores.
Quinto, un plan de formación que se valora en algo menos de 500 millones de dólares, que introduzca una cultura del rigor. Y, además, hay que crear mecanismos de protección de los ‘chivatos’, que ahora no podrán ser despedidos sino que han de ser escuchados. Y se introducir modificaciones en la formación de los pilotos de los aviones nuevos.
Se ha de implementar una nueva cultura de transparencia, lo cual va a cambiar completamente a Boeing.
Todo esto supone unos años de control externo, de intervencionismo y de gastos desmesurados, lo cual deberían dar como resultado una nueva Boeing, algo que en estos momentos es dudoso.
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