Los turistas no lo saben, pero cuando uno deja una propina en Gran Bretaña, hasta ahora corría el riesgo de que el dinero fuera directamente a los bolsillos del propietario del establecimiento. El cliente, inocentemente, puede pretender ‘premiar’ el servicio que le dieron en el bar, el hotel o el transporte, pero al final todo quedará como un sobrecargo en el precio final, alimentando el margen de beneficios de la empresa.
La razón de esta situación que no hacía feliz más que a los propietarios, era la confusión legal. Como los ingleses permiten todo lo que no está prohibido y como jamás nadie había regulado las propinas, muchos empresarios habían establecido que el cliente en realidad estaba premiando a la empresa y no al empleado concreto que le ha atendido.
Como se imaginan, en algunos casos, descubrir esta situación es muy desagradable porque va contra el sentido común. Pero las cosas son así y muchos empleados entran a trabajar en algunas empresas sabiendo que las propinas no son para ellos.
Hasta ahora. Porque el Gobierno acaba de aprobar una ley que regula las propinas y que entrará en vigor en 2024, por la que las propinas ya no serán para la empresa sino para los trabajadores. Lo cual clarifica algo, pero no todo. ¿Para el trabajador particular que ha atendido al cliente o para todos los trabajadores a escote? ¿En un restaurante, las propinas son por el servicio o también abarcan la cocina?
La ley exige que haya una descripción pública y visible de la política del establecimiento en materia de propinas. Y que diga públicamente qué criterios se siguen, descartando siempre que el ‘premio’ acabe en manos de la propiedad. Pero habrá muchos otros aspectos que se pueden determinar voluntaria y libremente.
El Gobierno ha decidido que la ley, basada sobre todo en la transparencia máxima, entre en vigor en 2024, pero ha instado a las empresas a que tomen la iniciativa y ya durante 2023 vayan incorporando lo que prevé la ley, de manera que las propinas se adapten rápidamente a lo que indica el sentido común.
La ley exige que haya una descripción pública y visible de la política del establecimiento en materia de propinas. Y que diga públicamente qué criterios se siguen, descartando siempre que el ‘premio’ acabe en manos de la propiedad. Pero habrá muchos otros aspectos que se pueden determinar voluntaria y libremente.
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