La compra por parte de JetBlue de su rival, Spirit Airlines, fue un éxito porque la segunda estaba mucho más cerca de unirse a Frontier que a cualquier otro aspirante. Costó lo indecible a JetBlue, también en dinero, lograr el acuerdo. Y cuando todo parecía encarrilado, ahora es la administración de Joe Biden la que pone obstáculos. Y esto ya no será tan fácil de lidiar.
El martes pasado, el gobierno presentó una demanda contra la operacion, diciendo que la unión de las dos compañías supondrá «precios más altos y menor oferta de asientos, dañando a millones de viajeros en cientos de rutas aéreas».
La demanda del Departamento de Justicia viene a decir que el resultado de la unión será que nacerá una compañía aérea de precios más elevados, que se sumará a las tres grandes (United, Delta y American) y la desaparición de dos low-cost.
Las actuaciones de JetBlue para quedarse con Spirit fueron tan intensas, tan inagotables, que alimentan la tesis del Departamento de Justicia, que enfatiza que las dos aerolíneas eran competidoras feroces en muchas rutas, como entre Boston y Miami o entre Boston y San Juan de Puerto Rico donde, entre las dos tienen casi el 90 por ciento del mercado.
Las aerolíneas dirán lo contrario pero los argumentos de Justicia son muy poderosos y, además, provienen del propio gobierno, lo que hace que no vaya a ser un litigio fácil.
Los especialistas judiciales y financieros admiten que se trata de un terreno en el que las verdades no son indiscutibles y que nadie sabe qué puede salir de una demanda con la que, desde luego, JetBlue no contaba.
Ya estaba previsto que JetBlue tendría que vender rutas (derechos de aterrizaje en algunos aeropuertos, especialmente en La Guardia, Boston o, incluso, Fort Lauderdale en Florida) y activos y ahora, con esta presión adicional, muchos entendidos sostienen que la compra sólo prosperará si estas enajenaciones son sólidas.
Las aerolíneas dirán lo contrario pero los argumentos de Justicia son muy poderosos
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