La amenaza de una huelga con un bloqueo de rutas federales en Quintana Roo por parte del Sindicato de Taxistas y Choferes del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) ubica al estado en máxima tensión, especialmente en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum.
Los taxistas, convocados frente a los Juzgados Federales, aguardan que la Justicia no habilite a las plataformas como Uber a brindar el servicio que ya está legalizado en más de 60 ciudades del país.
El conflicto entre taxistas y los choferes que conducen en Uber es violento y extenso en Quintana Roo, como reveló REPORTUR.mx. (Cancún: taxistas violentos persiguen y amenazan a un Uber con romperle los vidrios).
Por momentos se apaciguó, pero desde que la secretaría de Transporte comenzó a revisar cómo trabajan los taxistas, la disputa se encendió y empezó a perjudicar nuevamente a los hoteles y turistas, además de los vecinos.
Lo cierto es que muchos taxis son “piratas”, no están en regla, circulan sin la tarjeta de circulación e incluso con placas clonadas, según pudo recoger REPORTUR.mx el testimonio de referentes turísticos.
“Sin duda hay taxistas honestos, pero el sindicato es una mafia. No dejan que entre Uber. Todo es muy turbio. Cada dos años deben cambiar las placas y muchos taxistas no lo hacen. Al sindicato no le gusta que los revisen”, dice una fuente basada en Cancún.
“Plataformas como Uber deben entrar en Quintana Roo. Hay que fomentar la calidad y la competencia. Muchos taxistas son peligrosos, tienen las unidades en mal estado y te pueden timar con la tarifa”, agrega.
“Si bloquean la carretera federal será un desastre, un caos. Ellos mismos son los piratas, son una mafia. Siempre han tenido total impunidad. Muchos taxistas son peligrosos”, opina un vecino.
Uber, de momento, funciona en Quintana Roo por un vacío legal. Se instaló antes de la pandemia. La Justicia puede dictaminar que funcione sin necesidad de una concesión estatal.
Uber, de momento, funciona en Quintana Roo por un vacío legal. Se instaló antes de la pandemia. La Justicia puede dictaminar que funcione sin necesidad de una concesión estatal.
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