Las administraciones públicas siguen moviendo ficha para poner coto a la lacra del alquiler turístico vacacional en las grandes ciudades. El alza desmedida de este segmento ha disparado el número de plazas, provocando momentos de saturación en los destinos, así como alteraciones en la vida de los residentes. (El desmadre de las viviendas turísticas, en cifras)
Según informa La Vanguardia, España, de la mano de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado el inicio de una auditoría para regular su actividad. El Gobierno reconoce que hay un problema de falta de información fiable sobre los alquileres, que complica la capacidad de conocer cuantos están realmente operativos, donde y quien lidera su comercialización. (Clamor en Madrid contra el alquiler turístico: “Las casas no son hoteles”)
Tal es el grado de preocupación, que incluso Bruselas ha decidido tomar cartas en el asunto. Está trabajando en la creación de un reglamento para garantizar que sólo participen alojamientos reglados. Busca “aumentar la transparencia” y “ayudar a las autoridades públicas a garantizar un desarrollo equilibrado como elemento de la sostenibilidad del turismo”. (La Unión Europea regulará el alquiler turístico)
Para hacerse una idea de la dimensión del problema, el último informe de Exceltur revelaba que las 20 ciudades españolas con mayor afluencia de viajeros han pasado, en una década, de 346.921 plazas de alojamiento (sumando todas las modalidades) a contar con 788.136. Detrás de este crecimiento están las VUT, con 361.373 nuevas plazas, representando el 82% del aumento.
La situación es especialmente alarmante en las zonas céntricas de ciudades y costa, donde estas acaparan el 72% de las plazas de alojamiento. Su peso se eleva al 83% en Barcelona y al 91% en Sevilla, estando por debajo de la media Madrid, Málaga, San Sebastián y Valencia, con tasas respectivas del 60%, 67%, 71% y 61%.
Mientras tanto, las patronales del alquiler siguen negando la evidencia y se dedican a cargar contra el lobby sin rebatir los datos. Únicamente se limitan a alegar que el informe “se sirve de proveedores y de datos impropios de cualquier estudio que pretenda acreditar un mínimo de rigor en sus conclusiones”.
Mientras tanto, las patronales del alquiler siguen negando la evidencia y se dedican a cargar contra el lobby sin rebatir los datos. Únicamente se limitan a alegar que el informe “se sirve de proveedores y de datos impropios de cualquier estudio que pretenda acreditar un mínimo de rigor en sus conclusiones”.
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