Durante los últimos tres años, los controladores del tránsito aéreo mexicanos salieron del radar de las prioridades del gobierno federal. Aunque se incrementaron las plazas para los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), las de controladores se redujeron considerablemente; existe una confrontación entre la administración y su sindicato, lo cual se tradujo en ambiente laboral hostil y, aunque ha generado denuncias ante la autoridad, no se han atendido. Además, hay un marcado aumento en la carga de trabajo.
Aunado a ello, los controladores fueron excluidos del rediseño del espacio aéreo mexicano, que comenzó a implementarse en marzo del año pasado (contemplando las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Toluca), aunque ellos sean quienes lo operan. Todo eso, en el marco de las consecuencias de las medidas de austeridad establecidas por el gobierno y una pandemia que, si bien ocasionó una baja en el número de vuelos, en los últimos meses experimenta una franca recuperación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2018 Seneam tenía asignadas 2,550 plazas (en 104 categorías), las cuales se incrementaron a 3,240 en 2022 (en 101 categorías).
Sin embargo, lo que llama la atención es que el número de controladores bajó, pues en 2018 había 798 (en 14 categorías) y pasó a 479 (en 7 categorías) en 2022. Es decir, son 319 menos.
Dicho de otra forma, mientras el número de plazas para todos Seneam se incrementó 27%, el número de controladores bajó 39 por ciento.
Confrontación con el sindicato
De acuerdo con controladores consultados por este periódico, el problema se remonta al inicio de la actual administración federal, cuando fue designado Víctor Manuel Hernández Sandoval como director del Seneam quien lo primero que hizo fue intentar desaparecer el sindicato.
Ángel Iturbe Estrop, Secretario de Organización del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) relató que cuando se presentaron con el funcionario, lo primero que les pidió fue renunciar al Contrato Colectivo de Trabajo, con el argumento de que deberían de colaborar con la política de austeridad impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Eso se tradujo en una serie de desencuentros, lo cual, de entrada, derivó en que el secretario general de Sinacta, José Alfredo Covarrubias Aguilar e Iturbe Estrop, fueron acusados de abandono de trabajo con el objetivo de darlos de baja y por lo tanto eliminar la relación laboral y desconocerlos como representantes de los trabajadores. Durante dos años permanecieron cesados y en litigio.
Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que los dirigentes sindicales deberían ser reinstalados en sus puestos de trabajo
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Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que los dirigentes sindicales deberían ser reinstalados en sus puestos de trabajo
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