Los puntos de control vial de cualquier autoridad son percibidos más como un caldo de extorsión que como legados de seguridad.
En todas partes, a lo largo y ancho de Venezuela, se ha vuelto común el "matraqueo", como se le conoce coloquialmente a la extorsión ejecutada por funcionarios oficiales.
Desde marzo de 2020 han crecido exponencialmente estas denuncias debido al estado de alarma por la pandemia. Sin embargo, estos protocolos de seguridad han sido catalogados múltiples veces como inútiles e ineficientes al ser poco efectivos cuando el motivo por el que existen estos controles es "prevenir los contagios de covid-19".
Actualmente son muchas las historias de cómo los ciudadanos han tenido que lidiar con extorsiones en las carreteras venezolanas.
El criminólogo Fermín Mármol García considera que, ante esta situación, la población debe estar informada sobre cómo deben realizarse las requisas policiales y cuáles son los derechos de cada ciudadano al ser interrogado por un funcionario.
¿Qué sucede en las alcabalas?
Jeancarlos Duarte compró un pasaje en el terminal de La Bandera, en Caracas, con destino a San Cristóbal, Táchira. Es un viaje por tierra de al menos 12 horas, pero que en esta oportunidad se convirtió en una travesía de casi 24 horas.
Su destino final era Bogotá, Colombia. Viajó a Venezuela para visitar a su familia en los Valles del Tuy. El plan era durar dos semanas para luego regresar a ese país por su trabajo.
Duarte contó para El Diario que el trayecto transcurrió sin contratiempos desde la capital hasta Valencia, estado Carabobo. Desde ahí surgieron una serie de trabas a causa de las alcabalas. Esto debido a dos aspectos, según relata el venezolano que migró del país hace más de dos años.
Uno es que los efectivos policiales retrasan por muchas horas procedimientos que pueden durar menos de media hora. Y lo segundo es que en dos alcabalas algunos funcionarios se negaban a permitir el tránsito del autobús hasta que los pasajeros colaboraran con dinero, preferiblemente divisas.
Bajaban del autobús las personas que eran seleccionadas para una revisión más profunda eran bajadas del autobús y el procedimiento tardaba más de una hora por cada pasajero. Luego, los policías se quedaban merodeando y hablando entre ellos. Esto sucedió en tres alcabalas de la vía. En ninguna quisimos dar dinero y por eso nos retenían. Hasta que llegaba otro autobús y nos dejaban ir", comentó Duarte.
Fermín Mármol García, abogado y criminólogo, explicó que los retardos en los procedimientos policiales en las alcabalas se tratan de una desviación en la función pública. Esto sucede cuando se está causando un daño indebido a la ciudadanía al provocar retrasos cuando no hay justificación.
La normativa jurídica venezolana establece que un funcionario puede revisar a un ciudadano pero previamente debe hacer del conocimiento del afectado que tiene la sospecha de que está incurriendo en un hecho ilegal.
Afirmó que en caso de que haya un motivo por el que la persona está infringiendo una ley, la persona puede solicitar que la requisa se lleve a cabo con dos testigos que no sean funcionarios policiales pues de lo contrario no tendrá validez.
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La normativa jurídica venezolana establece que un funcionario puede revisar a un ciudadano pero previamente debe hacer del conocimiento del afectado que tiene la sospecha de que está incurriendo en un hecho ilegal.
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