El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid paraliza cautelarmente parte del polémico rescate concedido por el Gobierno socialista a la aerolínea Plus Ultra -con parte de capital venezolano y vínculos chavistas-, al considerar que la necesidad de esta ayuda no está «acreditada» y que «una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración».
El auto, al que ha tenido acceso ABC, es fruto de los recursos interpuestos por el PP, Vox y Manos Limpias y señala que se «suspende la entrega« del préstamo de 34 millones previsto para el próximo día 28 de julio, concediendo cinco días a Plus Ultra «para que acredite la necesidad« de este rescate.
El rescate está siendo investigado por un posible delito de malversación y la magistrada Esperanza Collazos ha adoptado su decisión después de que la fiscal de la sección de delitos económicos María Luis Llop advirtiera que «no solo se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos como prevaricación sino un posible fraude en subvenciones».
El préstamo que iba a recibir Plus Ultra tiene vencimiento en siete años y supone más de la mitad del rescate de 53 millones concedido por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la aerolínea con cargo al Fondo de Apoyo a la solvencia de Empresas Estratégicas. El importe restante, 19 millones, ya han sido desembolsados mediante un préstamo ordinario.
Collazos considera de aplicación las medidas cautelares al encontrarse el rescate «en el ámbito de delitos contra el Patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el fumus bonis iuris», aunque subraya su carácter provisional.
En este sentido, señala que «si queda acreditada su pertinencia» se procederá a la entrega del préstamo. Eso sí, «con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos».
El auto también pide a las partes «que se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta» apercibiéndoles de que su incumplimiento «puede dar lugar a nuevas medidas cautelares; sin perjuicio de otras responsabilidades criminales derivadas del incumplimiento de las ya adoptadas».
La Abogacía del Estado alegó a la magistrada que el rescate de 53 millones figura en el plan de viabilidad de la aerolínea «como necesario para que la compañía pueda lograr el mantenimiento de la actividad, pudiendo la falta de desembolso comprometer» su subsistencia. Y que los cinco miembros de la SEPI contra los que se han abierto diligencias aprobaron el rescate «en la convicción sustentada por los informes técnicos, legales y financieros» de que daban «cumplimiento» a lo establecido en a regulación del fondo público.
El auto también pide a las partes «que se abstengan de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta»
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