Desde el inicio de la pandemia, el sector turístico ha sido uno de los más damnificados en España, un país que cada año recibe 80 millones de turistas.
Pese a que el verano dio una pequeña tregua, la llegada del otoño ha supuesto un nuevo golpe para las empresas que operan en este sector, especialmente para las que se dedican al turismo activo.
Tras haber sufrido tres meses de inactividad y la caída total de sus ingresos, las restricciones y los confinamientos perimetrales han detenido casi por completo los desplazamientos entre territorios.
Por este motivo, para tratar de garantizar su viabilidad, las empresas de turismo deportivo se han movilizado para conseguir la reducción del IVA del 21% al 10%, al que ahora tributan otros sectores turísticos como la hostelería y la hotelería.
Una de las últimas en solicitar esta medida ha sido la Asociación Turismo Deportivo de Aragón, que a principios de diciembre remitió un escrito al presidente del Gobierno en el que demandaba un encuentro virtual para poder debatir esta y otras decisiones.
‘Ante esta situación tan excepcional creemos que se deben tomar medidas excepcionales que puedan ayudar a un sector tremendamente castigado como el nuestro a retomar la actividad en años venideros’, apuntan desde TDAragón.
La asociación cree que solo así podrán recuperar parte de su rentabilidad y recuerda que otros países como Gran Bretaña ya han bajado el IVA hasta el 5%. Y es que, el turismo deportivo se ha tornado fundamental para el desarrollo económico y demográfico de muchas zonas de la ya conocida como ‘España vaciada’. En regiones como Aragón, el sector del turismo activo emplea a más de 1.500 personas de forma directa y el año pasado supuso una facturación de 15 millones de euros.
TDAragón recoge así el testigo de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA), una de las primeras en reclamar la equiparación del IVA al del resto del sector. A esta petición se han sumado también colectivos de todos los puntos de la geografía española como la Asociación Cántabra de Turismo Activo y Albergues (ACANTA); Andalucía Ecoactiva; Extremadura Activa; Murcia Activa; la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León (ATACyL); la Asociación de Turismo Activo y Albergues de Asturias (ATAYA); CV Activa; la Asociación de Empresas de Turismo Activo Euskadi (AKTIBA); la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM); la Asociación Empresarios Sierra de Guara; la Asociación de Guías de la Sierra de Guara (AGSG) y la Asociación Prepyr.
Entre sus reivindicaciones también destaca la de contar con un Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y una Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) propias dentro del sector turístico, lo que significaría ‘un gran avance’.
Ahora mismo, las empresas del sector turístico no cuentan con ningún epígrafe específico, lo que ha dado lugar a que estuvieran clasificadas dentro de los códigos de formación, deportes o espectáculos. Esto ha supuesto que muchas compañías se hayan quedado sin ayudas para amortiguar el duro golpe de la pandemia.
Estas demandas han llegado también a la plataforma Change.org de la mano de la secretaría de TDAragón. La asociación ha iniciado una petición dirigida al presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo, y ya ha conseguido reunir más de medio millar de firmas en tan solo tres días.
Según datos de la propia Secretaría de Estado de Turismo, entre los años 2014 y 2018 la creación de empresas de turismo activo aumentó un 92,37%. De hecho, en 2018 había registradas 4.690 empresas de turismo activo en España con un volumen de facturación medio de 82.382 euros. Sin embargo, la pandemia y la delicada situación económica por la que pasan amenaza la supervivencia de estos valiosos agentes vertebradores del territorio.
Según datos de la propia Secretaría de Estado de Turismo, entre los años 2014 y 2018 la creación de empresas de turismo activo aumentó un 92,37%. De hecho, en 2018 había registradas 4.690 empresas de turismo activo en España con un volumen de facturación medio de 82.382 euros. Sin embargo, la pandemia y la delicada situación económica por la que pasan amenaza la supervivencia de estos valiosos agentes vertebradores del territorio.
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