El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti), Andrés Marranzini, destacó que la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad constituyen pilares esenciales para fortalecer la confianza de los inversionistas y sostener el crecimiento de largo plazo del país.
Enfatizó que contar con títulos seguros, reglas claras y procesos eficientes protege las inversiones y los patrimonios y genera oportunidades de desarrollo y movilidad social, al permitir que las familias construyan patrimonio, accedan al crédito y encuentren nuevas posibilidades para emprender e invertir.
El también promotor del proyecto turístico inmobiliario Punta Bergantín, valoró los avances experimentados por la Jurisdicción Inmobiliaria en materia de digitalización, atención y eficiencia de los procesos, al tiempo de resaltar la importancia de continuar evolucionando hacia un sistema cada vez más ágil, transparente, predecible y cercano al ciudadano y al inversionista.
En ese sentido, afirmó que el crecimiento del turismo inmobiliario, como componente cada vez más relevante de la oferta turística dominicana y de la capacidad del país para atraer capital, demanda una institucionalidad que acompañe su expansión y responda a los nuevos desafíos, con una visión ordenada y de largo plazo.
En tanto, Michael Lugo, vicepresidente ejecutivo de Adeti, destacó que la colaboración con la Jurisdicción Inmobiliaria ha impulsado avances en modernización, digitalización y agilización de trámites. Señaló que este trabajo conjunto entre los sectores público y privado ha fortalecido la seguridad jurídica y la confianza en el mercado inmobiliario, favoreciendo la inversión y la consolidación del turismo inmobiliario.
De su lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, manifestó que proteger la propiedad desde su base registral es parte de la responsabilidad del Estado con el desarrollo, porque al ofrecer información confiable, facilita las transacciones, respalda el acceso al crédito y reduce las causas de conflicto.
“Esa protección se completa con tribunales capaces de resolver las controversias con independencia y en un plazo razonable. Registro y justicia inmobiliaria tienen funciones distintas y una responsabilidad compartida: dar certeza a las personas sobre sus derechos. La confianza crece cuando ambas cumplen”, enfatizó.
La entidad entregó un reconocimiento al juez Molina por sus aportes en los avances, transformación digital y resultados alcanzados en la Jurisdicción Inmobiliaria y el Registro Inmobiliario.
Además, Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario, presentó la ponencia “Evolución del Sistema Inmobiliario: Registro del Futuro 2034”, donde resaltó que los avances transforman los servicios, fortaleciendo las capacidades y ofreciendo una experiencia cada vez más ágil, accesible y confiable para los usuarios.
«Nuestro propósito es claro: seguir garantizando la seguridad jurídica para un país que avanza», afirmó.
