Los días están contados para que Airbnb deje de operar a riendas sueltas en República Dominicana, contrario a la actividad hotelera que debe cumplir regulaciones establecidas, todo con el fin de mantener la calidad del servicio y fortalecer así la imagen del país.
El Ministerio de Turismo ha planteado las exigencias de dos propuestas de resoluciones que podrían dejar fuera del negocio de rentas cortas o Airbnb a miles de dominicanos que se dedican a ese segmento en el país.
Las propuestas están pendientes de firma del ministro de Turismo, David Collado y el plazo para recibir observaciones vence este miércoles, 22 de julio.
Esas exigencias son obtener una “certificación” por parte del condominio de que pueden alquilar su propio apartamento, cumplir estándares de calidad hoteleros, ser sujetos a inspecciones aleatorias en su casa y propiedad privada por parte del Ministerio de Turismo y presentar información y documentación sobre la propiedad ante el Mitur.
«Las medidas planteadas podrían provocar la salida de miles de alojamientos de renta corta del mercado nacional, afectando tanto a propietarios como a consumidores», expresan los auspiciadores de la campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho”, lanzada para defender la propiedad privada y «el turismo dominicano».
Como era de esperarse las nuevas exigencias del Mitur han desatado un caudal de polémicas, pues buscan regular el descontrol de esa práctica en RD. Los defensores alegan que: «Al reducirse miles de unidades de hospedaje, los precios de los hoteles y de los alojamientos disponibles aumentarían, afectando la competitividad de la República Dominicana como destino turístico y limitando las opciones para los consumidores».
«Estas disposiciones representarían una carga excesiva para miles de familias que han encontrado en las rentas cortas una fuente legítima de ingresos, así como para dominicanos residentes en el exterior que invierten en el país a través del sector inmobiliario», agregaron.
Según datos recopilados por la organización, entre el 30 y un 40 % de las reservaciones realizadas en plataformas de renta corta corresponden a ciudadanos dominicanos.
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