La Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana (Opetur) presentó ante el Congreso Nacional una serie de propuestas técnicas de ajuste a la Ley 30-26, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas sin comprometer la competitividad de uno de los principales motores de la economía nacional: el turismo.
Como gremio, respaldan las iniciativas orientadas al crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, entienden que algunas disposiciones de la legislación pueden generar impactos significativos sobre las empresas de turismo receptivo, agencias de viajes, organizadores de eventos (MICE) y demás prestadores de servicios turísticos.
Entre las propuestas presentadas se destacan:
-Establecer un régimen especial para el pago de anticipos del Impuesto Sobre la Renta para los tour operadores receptivos, considerando la rentabilidad real de la actividad.
-Revisar el esquema de contribución por residuos sólidos, de manera que se base en la generación efectiva de residuos y no únicamente en la facturación.
-Preservar la competitividad internacional de la República Dominicana frente a otros destinos del Caribe, tomando en cuenta que entre el 70 % y el 90 % de la facturación de un tour operador corresponde a pagos a terceros, por lo que gravar los ingresos brutos no refleja la realidad económica del sector.
«Reiteramos nuestra disposición de continuar trabajando junto a las autoridades y al sector privado para construir soluciones que fortalezcan las finanzas públicas, promuevan la inversión y preserven la competitividad del turismo dominicano, una industria que genera miles de empleos, impulsa el desarrollo de las comunidades y aporta significativamente a la economía nacional», indicó el gremio a través de sus redes sociales. http://Asonahores alerta reforma a ley de residuos sólidos golpearía competitividad
Asimismo, la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit) reafirmó su compromiso con la sustentabilidad y la economía circular mediante un manejo adecuado de desechos.
Sin embargo, sostiene que la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos requiere un análisis técnico más profundo y un mayor consenso con su sector.
Por ello, la organización manifiestó, a través de un comunicado, su total disposición para colaborar con el gobierno y otros sectores económicos en la creación de una normativa ecológicamente eficiente, técnicamente fundamentada y financieramente sostenible para el desarrollo de la República Dominicana.
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