La analista Adriana Delgado detalla en El Heraldo el grado de culpa de cada gobierno ante los elevados perjuicios de todo tipo que causa el sargazo por su toxicidad para la salud, y para arruinar el negocio turístico que sustenta a centenas de miles de familias, en contraste con las soluciones que están logrando en otros lugares caribeños como Martinica.
«La llegada masiva de sargazo con su carga tóxica a las costas del Caribe no es sólo un problema ambiental, sino un examen que los gobernantes en México han reprobado por más de 10 años. No hay protocolos ni estrategias articuladas con claridad para evitar o aminorar toda esa contaminación», señala Delgado (Sargazo: suplican a Sheinbaum que lo considere como desastre natural).
Revela que en Playa del Carmen, Tulum y gran parte de esos sitios turísticos, los visitantes no llegan porque conocen los riesgos graves para su salud, y que los trabajadores enferman y los negocios colapsan, al tiempo que alerta que la descomposición del sargazo en las playas libera sulfuro de hidrógeno, con su olor penetrante a huevo podrido, altamente corrosivo y venenoso, además de amoniaco y metano, gases capaces de causar daños respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y hasta la muerte si la exposición es prolongada.
«Todavía más, el lixiviado, ese líquido marrón rojizo y nauseabundo, puede filtrarse y contaminar los mantos freáticos de donde se obtiene el agua para consumo humano. Su toxicidad es tan fuerte que también está causando daños graves en el Arrecife Mesoamericano, del que depende el sustento de más de 500 especies marinas», apunta.
La columnista critica que «no sólo hablamos de economía y turismo, sino de temas tan sensibles como la salud pública y la seguridad ambiental, pero las prioridades políticas están en otro lado. El gobierno presume sus trenes, megaproyectos y cifras récord de visitantes, pero en los mil 170 kilómetros de costa afectados sólo hay cuatro estaciones para monitorear la concentración de los gases, mientras que Martinica, isla de jurisdicción francesa, tiene 19 en 350 kilómetros».
Así, Delgado detalla que las culpas se reparten entre «La Marina, en la estrategia operativa para contener el sargazo en el mar; Semarnat, con la política ambiental; Sectur en la protección del principal motor económico de Quintana Roo; Conagua, en vigilar la contaminación de los acuíferos, y los gobiernos estatal y municipales en el monitoreo, protección civil y manejo del fenómeno. El problema es que cuando hay muchos responsables, nadie responde».
Por ello, incide en que los científicos llevan años proponiendo soluciones, pero los políticos ven demasiado costosa la prevención que, además, no da fotografías para el lucimiento, y en que hoy, sólo el 10 por ciento del sargazo se recolecta antes de que llegue a las playas, como igualmente viene revelando REPORTUR.mx.
Sin embargo, alerta, «con sistemas de alerta temprana mediante monitoreo satelital y tecnología, todas esas masas pueden ser desviadas o recogerse adecuadamente y convertirse en biofertilizantes, bioplásticos o biogás, que la CFE puede utilizar en la generación de electricidad limpia que tanta falta hace».
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