La fiscalización de las plataformas digitales de hospedaje de renta corta como Airbnb, constituye uno de los retos pendientes en República Dominicana, en franca competencia desleal con el sector hotelero que sí cumple con el pago de impuestos.
Por ejemplo, el pasado año la cadena Riu Hotels & Resort pagó 65 millones de dólares en impuestos al Gobierno dominicano por las operaciones de sus establecimientos en el país, según informó Albert Puig, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.
En ese sentido, explicó a arecoa.com que la posición de Riu ante el tema es que «las reglas deben ser claras para todos».
«Nosotros queremos que la legislación sea clara, sea justa para todos y sobre todo pública y que sepamos a que tenemos que atenernos porque un mercado competitivo como el dominicano (y la competencia es muy buena porque ayuda a mejorar) tiene que tener reglas claras», enfatizó.
El directivo explicó que la posición «privilegiada» de República Dominicana en cuanto al turismo, en comparación con otros destinos, se debe al trabajo arduo pero además porque sus autoridades -el Gobierno y el cuerpo legislativo- han hecho unas leyes claras y transparentes.
«Si quieres invertir en Dominicana las reglas están bien definidas a diferencia de otros mercados, donde todo es un poco más complicado», agregó.
Indicó que hay una diferencia muy clara entre un Airbnb y un hotel, por lo que insistió en que la regulación se aplique para asegurar el desarrollo sostenible y cuidar la imagen del destino.
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