Las playas y calles desiertas de Tulum reflejan un escenario inédito para este municipio de Quintana Roo que durante años gozó de fama mundial como paraíso turístico. El verano de 2025 apenas logró una ocupación hotelera del 30 por ciento en la zona costera y del 15 por ciento en el centro, reflejando un desplome en la afluencia de visitantes, mientras que los vuelos con destino al Aeropuerto de Tulum se redujeron entre 30 y 40 por ciento.
Ante este panorama, comerciantes y prestadores de servicios turísticos han extendido una disculpa pública a los visitantes nacionales e internacionales, pidiendo una segunda oportunidad y admitiendo los errores que han afectado la experiencia de quienes llegan a este destino.
Los problemas de Tulum se han vuelto notorios: precios elevados, dificultades para entrar a las playas —muchas bajo control militar— y tarifas de taxi que superan los 800 pesos (40 dólares aprox.) por trayectos cortos han dejado a visitantes nacionales y extranjeros con la impresión de que este es un destino hostil e inaccesible. Además, la gentrificación y el desarrollo de zonas de lujo pero con pésimos servicios públicos contrastan con la precariedad que enfrenta buena parte de la población local, que vive en zonas marginales.
La violencia y la inseguridad se suman a este panorama; tan solo en marzo pasado, el asesinato del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Roberto Rodríguez, conmocionó al municipio y agravó la percepción negativa. Paralelamente, el sindicato local de taxistas está bajo investigación de la Fiscalía estatal por situaciones irregulares, y la detención de uno de sus integrantes revivió las alertas ciudadanas sobre el gremio, ya señaladas desde el año anterior cuando uno de sus líderes fue arrestado en relación con un homicidio.
Las redes sociales han mostrado la gravedad de la crisis. Imágenes de playas vacías y numerosos locales abandonados, como si se tratara de los estragos de un desastre natural, circulan junto con testimonios de turistas sorprendidos con el acceso restringido a las playas y los precios prohibitivos. Incluso para llegar a la zona de playas públicas, los visitantes deben pagar acceso por la zona arqueológica, que ronda los 220 pesos para mexicanos y el doble para extranjeros, además de cargos adicionales para transportarse dentro del parque.
En este contexto, la aprobación legislativa reciente para garantizar el libre acceso —aunque con restricciones— a playas y áreas naturales protegidas fue bien recibida por hoteleros, aunque advierten que la responsabilidad de facilitar mejores accesos no debe recaer solo en la iniciativa privada.
Como lo informó REPORTUR.mx, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, pidió a la ciudadanía, medios de comunicación y empresarios no hablar mal del destino turístico, “para que cuidemos a nuestros turistas”, dijo en su conferencia este martes. (Tulum: alcalde admite problemas para turismo pero pide ocultarlos).
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