La juez que investiga el rescate acepta la personación de los 'populares', que sospechan que en los presuntos delitos cometidos "podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno"
El polémico rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra podrá suponer un clavo más en el ‘ataúd político’ del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras el batacazo electoral del 4M y la resolución del Tribunal Constitucional contra la inclusión de Pablo Iglesias e Iván Redondo en el CNI, el Partido Popular busca una nueva victoria legal que haga tambalear aún más al Gobierno PSOE-Podemos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, aceptó que el PP ejerza la acusación popular en la causa que investiga el rescate por 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra.
Es importante recordar que el pasado mes de abril, la juez abrió diligencias contra el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del Consejo de Administración de la SEPI en relación con una presunta malversación en la tramitación de la ayuda pública recibida por la compañía aérea.
Al conocerse esa investigación, el PP pidió personarse en la causa de Plus Ultra advirtiendo de que, aunque afecta a altos cargos de la administración, en los presuntos delitos cometidos «incluso podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno», dado que estas ayudas se conceden «por acuerdo del Consejo de Ministros que otorga su preceptiva aprobación».
Objetivo, la cabeza del Gobierno
El PP hizo énfasis en que los hechos encausados son de «una indiscutible gravedad en cuanto a delitos públicos de indudable trascendencia social y donde resulta esencial el restablecimiento y defensa de la legalidad, lo que justifica, aún más si cabe, la personación de un partido político en la causa».
Ahora la juez asegura en una providencia que da por personado al PP como solicitó en el escrito que presentó ante el juzgado pocos días después de conocerse que se habían incoado diligencias previas a partir de una denuncia del sindicato Manos Limpias.
Además, la magistrada reclama al denunciante inicial Miguel Bernard que «presente la documentación correspondiente que acredite su relación o cargo» con el sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias.
Sin embargo, los ‘populares’ no buscarán hacer tambalear al Gobierno desde un solo frente y también mantienen la presión fuera de los tribunales.
El líder del PP, Pablo Casado, aseguró el pasado 22 de abril que su partido quería personarse en este caso porque «huele muy mal» y el Gobierno no está ofreciendo explicaciones. El Grupo Popular solicitó además en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre Plus Ultra, pero esa petición fue rechazada por el PSOE y Podemos.
Hace un par de días, y a raíz de la información publicada por ‘El Mundo’ acerca de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, apoyó con un segundo informe el rescate de Plus Ultra, el PP reclamó públicamente la dimisión del ministro.
Según declaró el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, los técnicos de su Ministerio «le han sacado las vergüenzas» asegurando que hay una presunta «interferencia» en el rescate a Plus Ultra.
Aún con las acusaciones contra José Luis Ábalos sin resolver, ‘El Mundo’ vuelve a dar una información muy comprometida para el coprotagonista del ‘Delcygate’: El Gobierno inyectó en Plus Ultra un 6% más de lo que la propia aerolínea solicitaba inicialmente.
Es decir, la compañía chavista pidió 50 millones y, al ser preguntada si necesitaba más, llegó a los 53 finalmente aprobados.
Un agujero al bolsillo del contribuyente español
La importante cifra del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez podrá considerarse como perdida, según la advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
El organismo reprende al Gobierno por no incluir en sus previsiones macroeconómicas y fiscales riesgos importantes para las cuentas públicas, como la posibilidad de que las entidades que han rescatado, como la polémica aerolínea Plus Ultra, acaben siendo insolventes y no puedan devolver el dinero recibido.
Es importante destacar que de todos los rescates autorizados por la SEPI (entre los que figuran los de Air Europa, Duro Felguera o Ávoris Corporación Empresarial), la Airef sólo alerte de la posible insolvencia de Plus Ultra, una aerolínea cuyo rescate ha sido cuestionado por no ser considerada estratégica y por sus conexiones con el Gobierno de Venezuela.
Negocios con las tiranías
La aerolínea está vinculada al régimen chavista. De hecho, está en manos de tres venezolanos relacionados con el chavismo: Rodolfo Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.
Además, un amigo de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (famosa en España por el encuentro en el aeropuerto de Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos), que se llama Camilo Ibrahim comparte con los dueños de Plus Ultra dos sociedades en España dedicadas a distribuir, exportar e importar café.
Sin embargo, nuevos datos desvelan que la aerolínea también estaría vinculada con la dictadura de Cuba, ya que trabaja, desde 2017, para Cubana de Aviación, la aerolínea estatal del régimen de los Castro.
Según adelanta ABC, Plus Ultra realizó algunos vuelos entre Barcelona y La Habana para la empresa pública cubana. Además, en enero de 2020, Cubana de Aviación alquiló el avión de Plus Ultra para las líneas Madrid-La Habana y Madrid-Santiago de Cuba, tras un acuerdo visado por el Ministerio de Turismo castrista.
Al conocerse esa investigación, el PP pidió personarse en la causa de Plus Ultra advirtiendo de que, aunque afecta a altos cargos de la administración, en los presuntos delitos cometidos «incluso podrían resultar involucrados algunos miembros del Gobierno», dado que estas ayudas se conceden «por acuerdo del Consejo de Ministros que otorga su preceptiva aprobación
ResponderEliminar