No hay agua, tampoco luz y mucho menos hay un tratamiento adecuado a las aguas servidas en Los Roques, pero lo que sí hay y son públicas y notorias son las ganas del régimen de Nicolás Maduro de otorgar nuevas concesiones en áreas protegidas y que a inicios del siglo XX fueron catalogadas como territorios con la capacidad poblacional al tope.
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Y es por esa razón que ecologistas consideran que el gobierno quebranta el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) documento, en el que se expresan las directrices que regulan la ejecución de las actividades que puedan ser realizadas, tanto por el sector público como por el privado dentro del parque nacional.
Esto luego de que el portal web del Ministerio de Turismo, en la sección correspondiente a la oferta de inversión turística en el territorio Nacional, se presenta a empresarios nacionales y extranjeros la posibilidad de invertir mediante la construcción y operación de "Alojamientos Turísticos de Alto Nivel" en los cayos Crasquí, Francisquí, Noronquises e Isla Agustín.
Disfraz socialista
"No hay firmeza en el patrimonio ambiental de los venezolanos sino un ansia de materializar proyectos que apuntan al capitalismo, cosa contradictoria con la prédica socialista del gobierno", afirma en secretario general del Sindicato de Trabajadores de Inparques, José Matute.
El sindicalista asegura que no hay firmeza en la defensa de los derechos ambientales del país, pues siempre aparece una nueva versión de ilícito ambiental "donde los que deberían estar pendiente de mantener las áreas voltean a otro lado, no sabemos si es por intereses económicos o compromisos políticos" y permiten que "todo proyecto loco", aunque vaya en detrimento de las áreas de cuidado, se desarrollen.
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