La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), organización que agrupa a 275 líneas aéreas y que constituyen 83% de tráfico aéreo internacional, emtió un comunicada en el cual insta al gobierno de Venezuela a que "respete los estándares globales para asegurar la competitividad y sostenibilidad del transporte aéreo en Venezuela" debido a que a la deuda ques se acumula por 3.800 millones de dólares por repatriciación de ingresos, se suma la discriminación en la venta de combustibles para aerolíneas foréneas por parte de Petróleos de Venezuela.
"Venezuela no garantiza un trato igualitario para las diferentes aerolíneas que compiten en el país. El Gobierno venezolano exige el pago en dólares por compras de combustibles a las compañías extranjeras, medida que contradice la naturaleza no discriminatoria del Convenio de Chicago, ratificado por Venezuela, y que resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que la compra de combustible es una de las escasas vías que tienen las aerolíneas de gastar los fondos acumulados en moneda local y que no pueden repatriar", indica el texto de la IATA.
Al respecto, el vicepresidente de esta organización, Peter Cerdá, advirtió que este tipo de discriminación en la venta de combustible por parte de PDVSA entre empresas venezolanas y foráneas perjudica al pasajero principalmente por una reducción en la oferta de vuelos. "Las aerolíneas quieren servir a Venezuela pero necesitan tener unas garantías mínimas de estabilidad económica y social para poder seguir invirtiendo en el país", señaló el funcionario de la IATA
Con respecto a la deuda, el monto acumulado se corresponde principalmente a la restricción que han tenido las compañías para repatriar a sus casas matrices los ingresos percibidos en bolívarese por la venta de pasajes principalmente hasta 2014 y 2015. En la actualidad, prácticamente la mayoría de las compañías foráneas venden sus pasajes desde Caracas en moneda extranjera sin que el Gobierno venezolano haya definido un esquema para la repatriación dentro del régimen de control de cambios vigente desde principios de 2003.
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