Foto: Eloy Hernández
El verdor de la cuenca del río Socuy, ubicado en el municipio Mara y al norte de la sierra de Perijá, es interrumpido por las formaciones rocosas que deja ver su caudal y que parece fundirse con el negro intenso de grandes vetas de carbón. Son precisamente esas reservas minerales que se observan a flor de piel las que han desbordado el interés de empresas públicas y privadas de explotar la zona mediante la creación de minas subterráneas y a cielo abierto.
Según el Plan Estratégico Corporativo 2000-2006 de Carbones del Zulia (Carbozulia) —empresa filial de Corpozulia— el 79 % de los recursos carboníferos del país están en el estado Zulia con un aproximado de 7.316 millones de toneladas métricas. Las concesiones otorgadas por Carbozulia desde 1987 en las minas Paso Diablo, Mina Norte, Cachirí, Socuy, Casigua y Las Carmelitas significan la extracción de 3.326 millones de toneladas métricas de carbón.
En un informe elaborado en 2014 por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el estado Zulia —integrada por trabajadores del gobierno regional y del antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en conjunto con integrantes del movimiento social y ecologista del estado Zulia— se detalla que desde 1987 hasta 2004 habían 1.763 hectáreas con actividad minera en Paso Diablo y Mina Norte, en la cuenca del río Guasare. Aunque estas son las únicas minas que están activas en el Zulia, no han sido revocadas las concesiones para la explotación de carbón en las cuencas de los ríos Socuy, Cachirí y Catatumbo.
Biodiversidad en riesgo
En el 2005, las empresas carboníferas que tienen las concesiones para la explotación minera realizaron exploraciones en la cuenca baja del Socuy para el establecimiento de las minas, pero debido a la lucha emprendida por las asociaciones civiles y las comunidades indígenas, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la paralización de las actividades con la recordada frase: «si no hay un método y que me demuestren de verdad que no vamos a destruir la selva ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, ese carbón se queda bajo la tierra».
A mediados de ese mismo año, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales presentó el Informe Ejecutivo Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia en el que se plantea que por cada tonelada de carbón se requiere extraer cinco toneladas de suelo, además de las consecuencias en el aire, el agua y la biodiversidad de la zona. Se detalla que en caso de mantener la explotación de carbón en las minas actuales hay «riesgo latente de contaminación de las fuentes de agua con altas concentraciones de sulfato, no resuelto en 17 años de actividad» y que, además, se produce la descarga de esas aguas contaminadas en el río Guasare, que surte de agua potable a los municipios Mara y Guajira.
En el documento se explica que la ampliación de la zona para la actividad minera produciría el «incremento del riesgo de contaminación de los embalses Tulé y Manuelote y una mayor cantidad de ríos por la generación de altos volúmenes de agua con altas concentraciones de sulfato y metales pesados». Además, se expresa que el abandono de la actividad minera en la zona permitiría la «paralización del avance de la afectación ambiental de las áreas en concesión, la disminución de las aguas sulfatadas y la activación de planes para la recuperación total de las zonas intervenidas».
Leer mas: http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=6845&Itemid=156
El verdor de la cuenca del río Socuy, ubicado en el municipio Mara y al norte de la sierra de Perijá, es interrumpido por las formaciones rocosas que deja ver su caudal y que parece fundirse con el negro intenso de grandes vetas de carbón. Son precisamente esas reservas minerales que se observan a flor de piel las que han desbordado el interés de empresas públicas y privadas de explotar la zona mediante la creación de minas subterráneas y a cielo abierto.
Según el Plan Estratégico Corporativo 2000-2006 de Carbones del Zulia (Carbozulia) —empresa filial de Corpozulia— el 79 % de los recursos carboníferos del país están en el estado Zulia con un aproximado de 7.316 millones de toneladas métricas. Las concesiones otorgadas por Carbozulia desde 1987 en las minas Paso Diablo, Mina Norte, Cachirí, Socuy, Casigua y Las Carmelitas significan la extracción de 3.326 millones de toneladas métricas de carbón.
En un informe elaborado en 2014 por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el estado Zulia —integrada por trabajadores del gobierno regional y del antiguo Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en conjunto con integrantes del movimiento social y ecologista del estado Zulia— se detalla que desde 1987 hasta 2004 habían 1.763 hectáreas con actividad minera en Paso Diablo y Mina Norte, en la cuenca del río Guasare. Aunque estas son las únicas minas que están activas en el Zulia, no han sido revocadas las concesiones para la explotación de carbón en las cuencas de los ríos Socuy, Cachirí y Catatumbo.
Biodiversidad en riesgo
En el 2005, las empresas carboníferas que tienen las concesiones para la explotación minera realizaron exploraciones en la cuenca baja del Socuy para el establecimiento de las minas, pero debido a la lucha emprendida por las asociaciones civiles y las comunidades indígenas, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la paralización de las actividades con la recordada frase: «si no hay un método y que me demuestren de verdad que no vamos a destruir la selva ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, ese carbón se queda bajo la tierra».
A mediados de ese mismo año, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales presentó el Informe Ejecutivo Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia en el que se plantea que por cada tonelada de carbón se requiere extraer cinco toneladas de suelo, además de las consecuencias en el aire, el agua y la biodiversidad de la zona. Se detalla que en caso de mantener la explotación de carbón en las minas actuales hay «riesgo latente de contaminación de las fuentes de agua con altas concentraciones de sulfato, no resuelto en 17 años de actividad» y que, además, se produce la descarga de esas aguas contaminadas en el río Guasare, que surte de agua potable a los municipios Mara y Guajira.
En el documento se explica que la ampliación de la zona para la actividad minera produciría el «incremento del riesgo de contaminación de los embalses Tulé y Manuelote y una mayor cantidad de ríos por la generación de altos volúmenes de agua con altas concentraciones de sulfato y metales pesados». Además, se expresa que el abandono de la actividad minera en la zona permitiría la «paralización del avance de la afectación ambiental de las áreas en concesión, la disminución de las aguas sulfatadas y la activación de planes para la recuperación total de las zonas intervenidas».
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