El aseguramiento judicial del hotel Haven Riviera Cancún presuntamente ha revelado una serie de irregularidades y posibles abusos de autoridad por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, así lo aseveró Gustavo Salas, representante legal de Promotora Rancho San Miguel, SA de CV, operadora del hotel.
Salas asegura que se trata de una total falta de transparencia por parte de las autoridades de la FGE, al presentarse con acusaciones de fraude sin fundamento, así como la presunta falsificación de documentos públicos, lo que apunta a una posible persecución «legal» contra la empresa propietaria del hotel.
Este centro de hospedaje forma parte de un total de 27 hoteles que la empresa Hipotels Hotels & Resorts posee, la mayoría en España. Juan Llull es el propietario de esta cadena y su hija, María Antonia, es la vicepresidenta. Antes de este conflicto legal, ella anunció que en 2025 abriría un nuevo hotel de 600 habitaciones dentro del mismo terreno en el que está edificado el Haven Riviera Cancún, además de un centro de convenciones.
Salas comentó que la pesadilla inició hace un año, cuando agentes de la FGE irrumpieron en el hotel, afirmando haber recibido una llamada de auxilio con lo que justificaron su ingreso, para una vez dentro de la propiedad colocar lonas de aseguramiento, sin presentar una orden judicial.
Esta acción solo generó incertidumbre entre turistas, propietarios y colaboradores, por lo que, en busca de respuestas ante tan evidente atropello, los representantes legales del hotel acudieron a las oficinas de la FGE, donde se enteraron de que la empresa estaba bajo investigación.
Por medio del entonces fiscal del Estado, Óscar Montes de Oca, se informó que se estaba investigando un presunto despojo, por lo que necesitaban que los propietarios del hotel acreditaran la legitimidad de la adquisición y operación del inmueble.
Por lo que nuevamente los abogados de la empresa acudieron a la FGE y presentaron diversos documentos de la empresa Promotora Rancho San Miguel, SA de CV, incluyendo escrituras y diversos permisos para la operación del hotel desde municipales, estatales y federales.
Posteriormente, la FGE acusó a los abogados de la empresa de fraude procesal, alegando que intentaron engañar a la Fiscalía, acusándolos de delitos contra la administración de justicia y contra la sucesión a bienes de Sergio Herrera Zubeldía, abriendo una carpeta de investigación.
Los representantes legales del hotel sostienen que las acciones de la FGE constituyen una persecución, en vez de un legítimo proceso judicial, cuestionando la imparcialidad y el rol de la fiscalía en el caso.
Como lo informó REPORTUR.mx, en abril de 2023 la FGE informó que un megahotel al inicio de la Riviera Maya fue asegurado por el presunto delito de despojo. El hotel todo incluido, ubicado en el tramo Cancún – Puerto Morelos, fue intervenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. (Cancún: aseguran un megahotel por presunto delito de despojo).
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